El juicio contra la mayor trama de corrupción de la historia de España, por la implicación de instituciones del Estado en prácticas delictivas, ha pasado casi desapercibido por la oleada de información procedente de los tribunales. La Audiencia Nacional ha acogido largas sesiones con decenas de declaraciones para dilucidar que ocurrió dentro del Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular (PP), la bautizada como operación Kitchen, para robar material al extesorero Luis Bárcenas y tapar la corrupción de la Gürtel, que salpicaba directamente a Génova 13.
El expresidente Mariano Rajoy, su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y su ministra de Defensa y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, han pasado por los tribunales como testigos, exonerados de ser imputados gracias la instrucción por Manuel García Castellón, no sin polémica. Altos cargos de aquel Ministerio del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han enfrentado la investigación que, este martes, toca casi a su fin con las conclusiones del fiscal Anticorrupción, César Rivas.
Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, los tiempos de la Justicia, diferentes en función de la causa, y el aluvión de novedades en otras causas cada vez que, casualmente, el foco apuntaba a la Kitchen han opacado el juicio. El caso mascarillas, que se ha cerrado con una condena histórica (24 años de prisión) para el exministro José Luis Ábalos; las novedades del caso Plus Ultra, con la imputación del expresident José Luis Rodríguez Zapatero; y los bandazos del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, mujer del presidente, se han llevado toda la atención.
Tampoco ha ayudado que el juicio contra la mayor trama de cloacas del Estado, que también actuaron contra rivales políticos, haya sido celebrado 13 años después de que se cometiesen los presuntos delitos y tras ocho de la apertura de la causa. Esto ha permitido a la actual cúpula alegar que los hechos ocurrieron hace mucho tiempo, un habitual en el PP cada vez que llegan, muchos años después, los juicios que le afectan. Una suerte de sucesión de acontecimientos que han permitido a Génova 13 encapsular su corrupción.
Una “operación parapolicial” probada y decenas de años de prisión
El representante del Ministerio Público en el juicio considera probado que se construyó “un operativo parapolicial criminal” para “recabar información comprometedora y grabaciones” en poder de Bárcenas, todo ello con el objetivo de “boicotear” la investigación policial y judicial del caso Gürtel. Una trama sobre la que Rajoy, Saénz de Santamaría o Cospedal han asegurado no saber nada, pese a aparecer en audios, como en el caso de la ex ministra de Defensa, o en las agendas y menciones, como sucede con el expresidente y la exvicepresidenta. Ninguno fue imputado.
Pero pese a que la cúpula del PP defendió a sus excompañeros imputados, el fiscal relama condenas de 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y para su ex secretario de Estado, Francisco Martínez. Los mismos años solicita para el ex director operativo de la Policía Nacional (DAO), Eugenio Pino; para el policía Andrés Gómez Gordo y para el que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Rios; además de 19 años de cárcel para José Manuel Villarejo y dos años y medio para para el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas.
“Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda y delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, obstaculizar aquella investigación judicial”, ha resumido el fiscal Anticorrupción lo que considera probado de la operación Kitchen.
Testigos como Rajoy o Cospedal aseguraron en sede judicial confiar en las actuaciones de Fernández Díaz y compraron la tesis de que la Kitchen realmente era un operativo para reforzar la investigación de la Gürtel, no para boicotearla. Si bien esto no se sustenta. “En ningún caso podían llevar a cabo ningún operativo de inteligencia dirigido a completar la investigación del caso Gürtel”, tumba el fiscal esta tesis, apuntando fundamentalmente a que no hubo “interlocución con el magistrado instructor y la UDEF les impedía conocer cualquier laguna”. El fiscal tiene claro qué ocurrió con la mayor trama de corrupción de la historia de España. Ahora, queda ver qué sentencia el Tribunal.
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