En el día en el que ha declarado ante el Tribunal Supremo el exministro de Transportes José Luis Ábalos en el marco del juicio del ‘caso mascarillas’, la acusación popular ejercida por el Partido Popular (PP) ha solicitado la rebaja de la pena para el empresario Víctor de Aldama tras su declaración en el Supremo, pasando de los siete años que pedían inicialmente, a cinco años y dos meses; una rebaja clave ya que evitaría su ingreso en prisión.
De esta forma, el PP ha modificado sus conclusiones y pedía que se aplicara una atenuante muy cualificada de confesión tras la declaración de Aldama en la que denunció que, si Ábalos era el jefe en esta operación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era ‘el uno’. Con esta petición de rebaja de los siete años de cárcel a cinco y dos meses, el letrado de los populares, Alberto Durán, ha puesto de relieve la supuesta colaboración del empresario, defendiendo que “ha facilitado el descubrimiento de otras actividades delictivas relacionadas con obra pública”.
No obstante, al margen de la petición de la acusación popular, la Fiscalía Anticorrupción mantiene la pena de siete años para el empresariola Fiscalía Anticorrupción mantiene la pena de siete años para el empresario con atenuante de confesión, 24 años para Ábalos y 19 y medio para su exasesor, Koldo García. En este punto, sobre la pena que mantiene para el presunto conseguidor de la trama, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió ante el fiscal Alejandro Luzón que no había elementos para rebajar todavía más la pena. En esta línea, el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que “los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”.
Así, el fiscal puso en valor “información relevante” aportada por Aldama en su escrito de calificación del pasado mes de noviembre. Además, en este informe Luzón hacía referencia a los “pantallazos” en los que figuraba un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes.
Anticorrupción mantiene las penas
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido las penas de prisión que pedía para el exministro de Transportes, su exasesor y el empresario Aldama en el juicio de las mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, mientras que el PP, que lidera la acusación popular, ha reducido de siete a cinco años la pena solicitada para el presunto conseguidor.
Una vez completadas las declaraciones de los tres acusados, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus peticiones de penas de 24 años para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para el presunto conseguidor Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden ahora cinco años y dos meses.
"Esta parte ha valorado especialmente la colaboración prestada por Aldama, que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones de los señores Ábalos y Koldo, igualmente delictivas, vinculadas con la adjudicación de contratos de obra pública", ha señalado el abogado del PP, para añadir que aplican al empresario "la circunstancia atenuante de confesión".
Por su parte, el fiscal jefe de Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito de conclusiones definitivas, pero "en lo sustancial, en cuanto a los delitos, las penas para cada uno de los acusados, no hay ninguna modificación". De esta forma, Luzón ha precisado que dichas modificaciones son "más de orden, de redacción, de precisión de algunos conceptos, de corrección de alguna errata, pero sin que haya una modificación sustancial de las conclusiones".
Del mismo modo, el abogado de Aldama también ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha señalado que siguen mostrando "discrepancia en cuanto a la intensidad de la circunstancia de atenuación apreciada" por la Fiscalía. "Esto nos lleva a una pena que en ningún caso puede superar los dos años de prisión para cada uno de los delitos", ha manifestado. Las defensas de Koldo y Ábalos han mantenido las mismas conclusiones, partidarias de la absolución de sus representados.