La no politización de la Justicia es una farsa que enarbola la derecha cuando los tribunales muestran un marcado cariz conservador. Es lo habitual, jueces conservadoras que fallan contra normas progresistas, contraviniendo la voluntad del legislador si es preciso, o paralizan sus decisiones durante años, generando inseguridad legal, como ocurrió con la ley del Aborto. Esta es la normalidad democrática tan presumida por algunos, quienes, cuando las decisiones judiciales no sirven a la reacción, repentinamente consideran lícito criticar a los togados y bloquear el normal funcionamiento de las instituciones.
Sucedió con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el Partido Popular (PP) se negó a renovar durante años, después de destaparse y frustrarse su intención de “controlar la Sala Segunda”, la de lo Penal, “por detrás”. Ahora, le ha llegado el turno al Tribunal Constitucional, que aguarda a que se releve a cuatro de sus magistrados, que han finalizado mandato. La responsabilidad de la iniciativa corresponde al presidente el Senado, el popular Pedro Rollán, quien pretende dilatar el comienzo de los trámites lo máximo posible.
La razón es evidente. El PP está aguardando a la celebración de las próximas elecciones generales, de las que espera conseguir un mejor resultado numérico, para acometer una renovación más beneficiosa. Génova ha intentado camuflar esta motivación aludiendo a las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, que se han sucedido en los últimos meses, pues los cuatro puestos corresponden a la Cámara Alta, que a su vez debe recibir la propuesta de los parlamentos autonómicos y, posteriormente, decidir por una mayoría de tres quintos que obliga a la negociación.
La sucesión de comicios regionales ha finalizado y la excusa ha caído, pero los trámites no han comenzado. La última justificación dada ha sido la celebración de la Virgen de la Bien Aparecida, festividad cántabra a la que aludido el Parlamento autonómico y el propio Senado para retrasar su obligación constitucional de renovar el Tribunal garante de la Carta Magna. Si bien lo que esconde esta cortina es la elevada dificultad que encontrarían actualmente los de Alberto Núñez Feijóo para colonizar este órgano nuevamente.
El Alto Tribunal apenas lleva cuatro años, desde 2022, contando con una mayoría progresista, pero al PP le parece suficiente. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz lo ha expresado claramente en un acto celebrado la pasada semana. “Ojalá volviéramos a tener un Tribunal Constitucional en el que no todos sepamos de antemano cómo van a acabar las votaciones, en el que las decisiones no terminen siempre con un 7-5 y con magistrados de reconocido prestigio que piensen antes en los intereses de España que en los intereses de quien les ha puesto”, expresaba.
Muñoz prefiere el Tribunal Constitucional que tardó 13 años en resolver el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó en 2010 contra la ley del Aborto actualmente vigente. Es más, fue en 2023, con las mayorías recién renovadas, que los togados dieron la validación definitiva a la norma, contra la posición de los conservadores. Estos pronunciamientos, igual que el de la Amnistía, han llevado a Génova a criticar duramente al Constitucional, pues es sabido que los magistrados no pueden ser cuestionados con la salvedad de que tomen una decisión contraria a los intereses del PP.
“Han existido tribunales constitucionales así, con magistrados del Supremo propuestos por fuerzas de izquierdas que no hicieron lo que la izquierda pensaba que iban a hacer… y la derecha. Eso es positivo. Aspiramos a tener un Tribunal Constitucional independiente y que se ocupe de lo importante”, añadía Muñoz. Independiente, como queda constatado por sus palabras, es de mayoría de derechas. De lo contrario, no es independiente. Y mientras tanto, la Justicia sigue perdiendo credibilidad entre la ciudadanía, que cada vez tiene más claro que la imparcialidad de las togas igual no es tal.
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