El calendario del Tribunal Constitucional se cuela en plena carrera electoral

La actualidad política y la actualidad judicial son, en los últimos tiempos, inseparables. Las múltiples causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, con afectación directa a la familia de Pedro Sánchez, y los casos que afectan a tramas pasadas del Partido Popular (PP) están sirviendo a las formaciones políticas para intercambiar reproches constantes. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se han convertido en sedes de combate, dejando un espacio de mayor comodidad al Tribunal Constitucional, que también tiene entre manos asuntos clave.

El garante de la Carta Magna debe decidir sobre la amnistía que afecta al expresident Carles Puigdemont, que sigue sin poder retornar a España, y a otros líderes catalanes. Además, también tiene sobre la mesa la condena e inhabilitación que afecta al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien recurrió después de que el Tribunal Supremo le condenase sin pruebas sustanciales y contra el testimonio de todos los testigos. Dos casos clave para la legislatura que deberán esperar para conocer su sentencia.

La agenda del Constitucional apunta a que no habrá decisión hasta, por lo menos, octubre, según ha desvelado El Confidencial. El Alto Tribunal emitirá sentencia en un momento determinante para la política, en la antesala de las elecciones municipales de mayo y algunas autonómicas, fijadas en el mes de agosto, y los comicios generales, planteados para el mes de julio, si nada cambia y la legislatura llega a su conclusión. Más madera judicial para una esfera política que ya incluye las togas entre sus contendientes.

Sentencia fiscal general

La causa que afecta a García Ortiz es una de las que más tensiones ha generado en los últimos tiempos. El ex fiscal general del Estado fue condenado por revelar secretos que afectaban a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y su caso relacionado con un fraude a Hacienda. García Ortiz negó en todo momento ser el responsable de la filtración y los periodistas que publicaron la información le exculparon, pero el Tribunal Supremo, sin más pruebas que un comunicado, decidió condenarle al considerar probado que había sido él o “alguien de su entorno”.

El Gobierno ha apoyado en todo momento a García Ortiz, igual que la Fiscalía que tuvo que abandonar por la inhabilitación. "La sentencia de la mayoría ha pasado de una sospecha sobre personas del entorno a una atribución de autoría o aceptación consciente al acusado sin prueba directa y mediante una inferencia que es claramente indeterminada", expone la defensa del exfiscal. Una condena “irracional” y “arbitraria” que el Ministerio Público también ha recurrido y que deja en manos del Constitucional la pelea abierta con el Supremo.

La Amnistía que no termina de llegar

El otro asunto clave es la amnistía que afecta a los líderes del Procés. El recurso presentado por Puigdemont y otros políticos que quedaron fuera de la ley avanza lento, en parte a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Justicia española quiere esperar para conocer el  pronunciamiento europeo, buscando evitar choques entre pronunciamientos, lo que generaría mucha dudas y complicaciones judiciales.

El TJUE dictará su sentencia en apenas diez días, el próximo 16 de julio, respondiendo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y a Audiencia Nacional en relación con la responsabilidad contable y la acusación de terrorismo que afectó a los Comités de Defensa de la República (CDR). El retraso del TJUE, por extensión, ha afectado a la sentencia del Tribunal Constitucional, cuya decisión es clave no solo para la vuelta de Pugidemont, sino también para las relaciones entre Gobierno y Junts per Catalunya.