Peinado se guarda un último momento de protagonismo antes de dejar el 'caso Begoña' a la Audiencia Provincial

El juez Juan Carlos Peinado se resiste a poner el broche definitivo a la delirante instrucción que, desde hace más de dos años, despliega contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; su asesora, Cristina Álvarez; y el empresario Juan Carlos Barrabéz. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha sido el escenario de uno de los últimos servicios del longevo instructor, quien esperaba, este lunes, a los tres acusados para la audiencia preliminar, a la que acudieron personalmente bajo la amenaza de que la Policía fuese a buscarles.

Esta última escena podría haber cerrado al teatrillo, dejando a la Audiencia Provincial de Madrid la decisión final sobre si iniciar o no el procesamiento, con juicio por jurado popular, por los delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Sin embargo, Peinado quería guardarse un as en la manga y no ha decidido sobre las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares, comandadas por Hazte Oír, organización ultraderechista a la que el juez puso al frente después de que el órgano superior no le permitiese elegir a Vox.

El conglomerado de ultraderechistas ha mantenido la petición de retirarle el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez y a su asesora, establecer la prohibición de que ambas abandonen el territorio nacional y tengan que comparecer cada 15 días en sede judicial. Además, también han reclamado que, tan solo en el caso de Gómez, no pueda disponer de las participaciones de su sociedad o de las marcas asociadas a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por su parte, para Barrabés no se ha solicitado ninguna medida cautelar.

Tras más de tres horas de audiencia preliminar, Peinado no ha tomado ninguna decisión sobre la petición de las acusaciones, guardándose el pronunciamiento para los próximos días. Una nueva dilación de los tiempos que volverá a colocar a Gómez en el foco cuando así lo decida Peinado, dentro de los tres días que tiene para dictar el auto. La defensa de Gómez y la Fiscalía no salen de su asombro. Mientras tanto, los actores políticos derechistas se frotan las manos con una causa desprovista de pruebas, con indicios cambiantes y tiempos beneficiosos.

Un procedimiento “irracional”

Hazte Oír solicita hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente y 22 para su asesora en Moncloa por "presunta malversación" y su papel de "cooperadora necesaria" en los delitos atribuidos a Gómez. Asimismo, reclama seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una petición de máximos que choca frontalmente con la defensa de los acusados, como es habitual, pero también con la Fiscalía, que también ha solicitado el archivo de la causa durante la audiencia preliminar.

El abogado de Begoña Gómez reclamó su absolución en caso de que la causa llegara a juicio al entender que los hechos investigados por Peinado "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones. En la misma línea apunta el Ministerio Público, representado por José Manuel San Baldomero, quien ya califico como “irracional” uno de los últimos autos del juez. Es más, el fiscal aseguró “no haber entendido en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”.

Una investigación hecha a medida, se puede interpretar de las palabras del fiscal, en la que se ha recurrido a “nuevas reformulaciones de la secuencia de hechos y de las imputaciones realizadas". Un proceder que San Baldomero no dudaba que se seguía “siempre en pro de la continuación de la causa, sea por un título de imputación o sea por otro". Todo "asumiendo implícitamente que no bastarían para una eventual condena, pero sí para continuar la causa, con la consiguiente pena de banquillo para los afectados", llegó a exponer el escrito del Ministerio Público.