Peinado amplía la causa contra el entorno de Begoña Gómez e imputa a una nueva responsable de Presidencia del Gobierno

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un nuevo impulso a la investigación que mantiene imputada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En una nueva resolución, el magistrado rechaza el archivo solicitado tanto para Gómez como para su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Lejos de dar por cerrada la causa, Peinado amplía el número de investigados y ordena nuevas diligencias que se desarrollarán durante el mes de noviembre.

El juez ha decidido imputar a una nueva responsable de Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, actual directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica. Para ello, ha convocado una vistilla el próximo 12 de noviembre, en la que se le informará formalmente de la apertura de diligencias contra ella por el procedimiento del tribunal de jurado, según consta en la resolución judicial.

Una nueva ronda de testificales entre el 12 y el 28 de noviembre

Además de ampliar el número de investigados, el juez Peinado ha acordado la declaración de nueve nuevos testigos. Las comparecencias se celebrarán entre el 12 y el 28 de noviembre, y buscan aclarar los vínculos y comunicaciones mantenidas entre los distintos implicados en el procedimiento.

Entre los citados destacan el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, quien aportó los correos electrónicos intercambiados con la asesora de Gómez, y el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego de Alcázar.

Una instrucción bajo el foco y con críticas de parcialidad

El papel del juez Peinado ha sido objeto de una intensa controversia desde el inicio del caso. Su decisión de mantener la imputación de la esposa del presidente pese a la falta de acusación de la Fiscalía ha sido interpretada por distintos juristas y sectores políticos como un ejemplo de instrucción anómala y de dudoso sustento legal.

Fuentes próximas al entorno gubernamental recuerdan que la Fiscalía ha solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa por inexistencia de delito, al considerar que las actuaciones atribuidas a Gómez no tienen relevancia penal. Sin embargo, el juez ha optado por proseguir con la instrucción, amparándose en la necesidad de esclarecer todos los vínculos entre los actores implicados.

La propia Audiencia Provincial de Madrid ya ha corregido en ocasiones anteriores algunas de las decisiones de Peinado, cuestionando el alcance de sus diligencias. Aun así, el magistrado mantiene una línea de actuación que ha sido respaldada públicamente por la acusación popular, encabezada por la asociación ultra Manos Limpias, cuya legitimidad también ha sido motivo de debate.