El Partido Popular no ceja en su empeño de desprenderse de uno de los puntos más negros de su historia: la Gürtel. Según informa El País, la formación hoy liderada por Pablo Casado presentó el pasado viernes un escrito en el Tribunal Supremo en el que informaba a los magistrados que estudian los recursos de la sentencia Gürtel relativa a la primera etapa de que la Audiencia Nacional ha aceptado evaluar la recusación de uno de los magistrados que firmó la sentencia: Ricardo de Prada.

Este escrito tiene por objeto anular la sentencia que condenaba al PP como partícipe a titulo lucrativo de una trama corrupta. La formación alega que se violó el derecho a un juicio imparcial.

Los populares se convirtieron en el primer partido político en la historia de la democracia española en ser condenado como entidad jurídica en un caso de corrupción. Según señala la sentencia, el PP se habría beneficiado de un total de 245.492 euros con 80 céntimos.

Esta sentencia cambió la correlación de fuerzas políticas en España. Dio paso a una moción de censura encabezada por Pedro Sánchez y negociada por Pablo Iglesias que sumió al PP en una profunda crisis y puso fin a la carrera política de Mariano Rajoy.

El PP busca su anulación y la repetición del juicio. Y para ello, se apoya en que la Audiencia Nacional, a petición suya, está investigando si apartar al juez Ricardo de Prada de otras dos grandes piezas de la macrocausa de la caja B: el llamado caso Bárcenas y la red de Francisco Correa en Boadilla del Monte.

A finales de junio fueron admitidas las solicitudes de recusación. La Fiscalía Anticorrupción se opone a ello.

Tres son los motivos que alega el PP para recusar a De Prada. El primero fue desestimado por la AN, y tiene que ver con la íntima relación entre el magistrado y el primer juez instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, así como la amistad de De Prada con la actual ministra de Justicia y exfiscal de la AN, Dolores Delgado.

Los dos argumentos que sí investigará la AN son la presunta cercanía del juez con el PSOE, que le propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el hecho de que éste ya haya resuelto un “pleito o causa en anterior instancia”.

Este escrito se registró prácticamente coincidiendo con la solicitud de Anticorrupción de que declararan Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el marco de la supuesta financiación irregular del PP en el caso Púnica.