El Parlamento Europeo activa el segundo proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, ha anunciado este miércoles desde Bruselas que le ha llegado una segunda petición para que suspenda la inmunidad parlamentaria de Luis Alvise Pérez, líder del partido Se acabó la fiesta (SALF), y así este, como ha solicitado el Tribunal supremo (TS), sea investigado en España. Tras el primer proceso abierto en octubre, la Eurocámara ha respondido ahora al suplicatorio respecto a los delitos de Alvise entre los que se encuentra la presunta financiación irregular de SALF.

A partir de esta información, la presidenta del parlamento ha iniciado el proceso formal que llevará a la Cámara a considerar la solicitud de las autoridades españolas; este sería el segundo suplicatorio que entra en la Eurocámara ya que el primero llegó el pasado octubre.

La comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) es actualmente la encargada de examinar el asunto, según ha explicado Metsola. No obstante, esta no ha mencionado cuál de las cuatro causas abiertas contra Alvise es la protagonista de la petición.

Como se tiene conocido, ahora la comisión JURI está en su derecho de solicitar la información que considere oportuna. De igual forma, el diputado objeto del suplicatorio será escuchado y tendrá la oportunidad de presentar las pruebas escritas que procedan.

Será en la siguiente sesión plenaria, donde la comisión parlamentaria, una vez estudiado el caso, compartirá su recomendación a puerta cerrada respecto a la respuesta del Supremo. Esta se presentará ante todo el parlamento que se encargará de aprobar o rechazar el levantamiento de la inmunidad. Los procesos de suspensión de inmunidad duran una media de seis meses en la mayoría de los casos, aunque no hay un plazo cerrado establecido.

Actualmente, la inmunidad parlamentaria de la que goza el líder de SALF le permite que como eurodiputado sea libre de ejercer su mandato sin ser perseguido políticamente de forma arbitraria. No obstante, esta inmunidad no protege a los eurodiputados de procesos legales en su contra. Solo se hace contra aquellas imputaciones por opiniones o votos expresadas en el marco de la actividad parlamentaria.

Ante esta situación, el tribunal exige la retirada de esta inmunidad a la Eurocámara para que se pueda iniciar la investigación por presunto delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con SALF

Las causas de Alvise

El Tribunal Supremo busca investigar a Alvise por dos causas distintas y pretende que cada una cuente con su propia investigación en la comisión de Asuntos Jurídicos de la institución europea.

Alvise cuenta con cuatro causas abiertas por parte del Supremo en su contra. Una de ellas se trata de los presuntos delitos electorales y de financiación ilegal de su partido por la que anunció el octubre la remisión de un suplicatorio a la Eurocámara. En esta causa, el Tribunal investiga los 100.000 euros que recibió 'Alvise' del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024.

Además, también le acompaña un caso por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa. A su vez, también pretenden procesarle por los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; y la causa más reciente: el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.

La detención del empresario

El empresario Álvaro Romillo, encargado de darle los 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, fue detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN) que le investigaba por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).

Así lo confirmaron el pasado jueves fuentes jurídicas a Europa Press, que precisaban que el juez José Luis Calama había levantado el secreto de la causa y que había recibido nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Las fuentes afirmaron que en uno de esos informes se indicaba que se había encontrado una cuenta en Singapur vinculada al empresario con casi 30 millones de euros. El juez entendió que ese posible patrimonio en el extranjero hacía viable su huida e inmediatamente ordenó su detención.

Romillo, alias 'CryptoSpain', estaba citado el pasado viernes en el juzgado de instrucción para declarar como imputado por la presunta estafa piramidal, todo ello semanas antes de su detención.

Calama, que amplió hasta 2026 el plazo para investigar, incidió en un auto en el "carácter complejo" de la causa, apuntando que la infraestructura de la presunta organización "incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países".