Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentará una demanda ante la Sala Primera del Tribunal Supremo contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en el derecho al honor del empresario. Según adelanta El Confidencial, la pareja de la jefa del Ejecutivo madrileño ha adoptado este paso después de que la también ministra de Hacienda no acudiera este miércoles al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño.
Al hilo de esta información, el Juzgado de Primera número 49 de Madrid convocó un acto de conciliación que parte de la demanda que anunció González Amador contra la vicepresidenta primera del Gobierno por intromisión al honor. Un acto en el que se ofrecía alcanzar un acuerdo para evitar la denuncia. Sin embargo, ha quedado sin efecto al no asistir a la cita ningún emisario por parte de María Jesús Montero, representada en este proceso por la Abogacía del Estado.
Por su parte, González Amador anunció su movimiento a raíz de las palabras que la ministra de Hacienda pronunció en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el pasado 12 de marzo. En sede parlamentaria, Montero aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid podría “estar viviendo en un piso que se pagó con fraude”.
Declaraciones que se enmarcaban en las informaciones sobre la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra el novio de la jefa del Ejecutivo regional por presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y de que ésta convivía con su pareja sentimental en un piso de un millón de euros pagado después de la investigación de Hacienda a González Amador.
La defensa del demandante, González Amador, interpuso entonces diversas denuncias contra María Jesús Montero por intromisión al honor y revelación de secretos al exponer algunos de sus datos fiscales. En paralelo, demandó a la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda que suponía el reconocimiento intrínseco de la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades.
Revés judicial
Hace apenas dos días, la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sea imputado por revelación de secretos a raíz de la querella en su contra presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Concretamente, en el escrito realizado por el Ministerio Público y expuesto por la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, la Fiscalía del Supremo indica que no hay base para imputar a García Ortiz argumentando que sus correos electrónicos se limitaban a ”desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados por los diarios El Mundo, Vozpopuli y Libertad Digital, así como por el jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid [Miguel Ángel Rodríguez]”.
“Debe destacarse, además, que los correos electrónicos aludidos —y revelados por varios medios de comunicación de ámbito estatal con anterioridad a la nota de prensa del Ministerio Fiscal— no constituyen material probatorio. Es más, ni siquiera formaban parte de las diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía, pese a la afirmación que en tal sentido realiza la exposición razonada”, prosigue el escrito.
Un comunicado durísimo, en el que la Fiscalía muestra su perplejidad ante la posible imputación, que corresponde llevar o no a la práctica al Tribunal Supremo. Sánchez Conde, rematando la notificación conocida este mismo lunes, deja patente que “la nota informativa del Ministerio Público tampoco supuso una interferencia en las relaciones cliente-letrado”.