El empresario Alberto Gónzalez Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró el pasado viernes en el Tribunal Supremo dentro la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. González Amador debía aclarar cuándo le envió el correo en el que asumía dos delitos fiscales a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de su novia. Pero lejos de aclarar nada lo que hizo fue liarla, o mejor dicho liársela a base de bien, al que fuera su abogado, Carlos Neira.
Según el empresario, el letrado Carlos Neira envió ese correo a la Fiscalía sin su consentimiento. Ojo cuidado, ahí es nada. Vamos, que según este señor, la persona que debía proteger sus intereses asumió en su nombre la comisión de dos delitos fiscales que conllevan penas de prisión y una elevada multa económica. Y lo dijo así, como si nada, como si lo que acabara de decir no fuera un ataque directo a la ética y a la profesionalidad del abogado.
Y mientras el novio de la presidenta soltaba semejante barbaridad, el representante del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) permanecía allí, en la sala, callado como un muerto. El mismo ICAM que denunció al fiscal general del Estado por revelación de secretos, y puso el grito en el cielo por lo que esa filtración suponía para el abogado Carlos Neira, permanecía calladito y no decía ni esta boca es mía cuando escuchaba que un abogado había cometido tal barbaridad. Ni una pregunta hizo el caballerete, ya ni hablamos de abrir un expediente en el ICAM al letrado por su falta de ética, que debería ser lo mínimo que hicieran si tuvieran un mínimo de vergüenza torera.
Este martes es Neira el que está citado ante el polémico juez Ángel Hurtado. Menudo marrón que le ha dejado el que fuera su cliente. Neira tiene dos opciones: o bien secunda lo dicho por González Amador, lo que acabaría con su credibilidad como letrado; o bien le enmienda la plana al empresario. Si hace esto último acreditaría que el empresario mintió como un bellaco ante el juez, cometiendo por el camino un delito de falso testimonio ni más ni menos que en el Tribunal Supremo, pues Alberto González Amador declaró en calidad de testigo con obligación de decir verdad. Vamos, que el asunto está calentito, calentito.
Los motivos
Y ustedes se preguntarán que qué necesidad había de liarla parda. Como siempre les digo, lectores, apliquen ustedes el principio de la navaja de Ockham, donde la explicación más simple suele ser la correcta. Y cuál es la explicación más simple, pues que poderoso caballero es don dinero. Me explico, el novio de la presidenta madrileña ha demandado a media humanidad en general, y medio Gobierno en particular, por llamarlo “defraudador confeso”, y si hubiera asumido en su declaración ante Hurtado que le dio permiso al abogado para negociar con la Fiscalía un acuerdo de conformidad, esas demandas hubieran caído por el sumidero. Esto es así porque cualquier pacto de conformidad lleva aparejado a asunción de la comisión del delito.
En este punto volvemos tanto al letrado Carlos Neira como al ICAM, que visto lo visto, de ilustre solo tiene el nombre. Menudo marronazo tienen ambos. El uno porque directamente se juega su credibilidad como letrado, y los otros porque a ver cómo justifican no hacer nada como institución si Neira le da la razón a Alberto González Amador. Se presenta tibia la declaración. Sí señor.