Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en la diana a la juez que ha abierto juicio oral a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que sustituye a Inmaculada Iglesias tras su jubilación, ha acordado este lunes la apertura del juicio oral al novio de Ayuso por seis delitos diferentes: dos contra la Hacienda Pública, dos de falsedad documental, otro delito continuado contable y un sexto de pertenencia a grupo criminal.

Además, la juez también sentará en el banquillo a los cuatro empresarios que habrían participado en el entramado, a los que piden condenarlos como cooperadores necesarios. No obstante, Miguel Ángel Rodríguez ha aprovechado la ocasión para cargar contra la magistrada y contra Pedro Sánchez, acusándolo de intervenir en la causa y ser un corrupto.

Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto”, ha escrito en X Rodríguez.

Cabe recordar que esta magistrada fue asesora del que fue ministro de Justicia precisamente con el Partido Popular, Rafael Catalá. Una juez que ha instruido causas contra socialistas y populares. Por ejemplo, imputó al delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación en el 8M y la influencia que podría haber tenido en la pandemia.

A lo largo de su carrera también instruyó el caso Máster, donde llegó a encontrar indicios de delito y elevó una exposición razonada contra el entonces líder del PP, Pablo Casado.

González Amador, al banquillo

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal. Aprecia "claros indicios" de que se había servido de "facturas falsas" para defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021.

Se trata de un proceso judicial que el empresario había tratado de evitar mediante un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que estaba dispuesto a reconocer dos delitos fiscales y que finalmente ha desembocado en otra causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

La Fiscalía ha pedido tres años, nueve meses y un día de cárcel para González Amador por ambos delitos y también ha solicitado a la juea que impute en calidad de cooperador necesario al abogado que representó al empresario durante la tramitación de la inspección de Hacienda. A esta petición se ha sumado la Abogacía del Estado solicitando además para el novio de Ayuso el pago de una multa de 448.000 euros y pena de prisión para los otros empresarios investigados.

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