El pseudosindicato ultraconservador Manos Limpias ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que eleve el caso Leire Díez al Tribunal Supremo para que se impute al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal como ha adelantado elDiario.es. Hacen este reclamado porque Sánchez está aforado y por tanto, de ser investigado, debe residenciarse la causa en el Alto Tribunal.
En el escrito, desde Manos Limpias afirman que el presidente del Gobierno “era y es el principal interesado” en que las causas contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, no prosperen y, por eso, “induce y se sirve de las cloacas para salvar y limpiar los procesos judiciales en los que estaban inmersos”.
La petición supone un nuevo salto en la estrategia judicial de Manos Limpias, organización que ejerce la acusación popular en varios procedimientos que afectan al entorno del presidente y que ahora trata de situar directamente a Sánchez en el centro de la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Por el momento, el juez Santiago Pedraz no ha dirigido ninguna actuación contra el jefe del Ejecutivo ni ha apreciado indicios en su contra en las resoluciones conocidas.
Según ha sostenido el sindicato que dirige Miguel Bernad, las supuestas actividades delictivas atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez tuvieron un punto de inflexión en una reunión celebrada en abril de 2024 en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez. Manos Limpias ha asegurado que las gestiones posteriores, que habrían incluido encuentros con fiscales y agentes con el objetivo de desacreditar a determinadas figuras, entre ellas el jefe de la UCO Antonio Balas, se desarrollaron bajo la dirección del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y “bajo los auspicios, directrices e inducción del presidente del Gobierno”.
Para respaldar esta tesis, el escrito recoge diversos mensajes y conversaciones ya incorporados a la causa, entre ellos uno en el que Díez aseguraba disponer de información que "ayudará al presidente" y otro en el que se aludía a la necesidad de "limpiar todo". El sindicato también alude a conversaciones incorporadas al sumario por la Audiencia Nacional en las que, según sostiene, se planteaba como una prioridad atacar determinadas causas relacionadas con el fraude de hidrocarburos para tratar de hacer caer otras investigaciones que afectaban al PSOE, una estrategia que, de acuerdo con esos intercambios, se habría impulsado “por orden del ONE”.
El sindicato ha ido más allá y ha atribuido al jefe del Ejecutivo la condición de "promotor e instigador" de una supuesta estructura destinada a neutralizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y a familiares del presidente. Entre otras acusaciones, habla de campañas de presión contra jueces, intentos de desacreditar investigaciones policiales y actuaciones coordinadas desde el entorno gubernamental. Ninguna de estas afirmaciones ha sido acreditada judicialmente hasta la fecha.
El pasado 27 de mayo salió a la luz que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había ordenado requerimientos, así como registros en varias empresas y en la sede federal del PSOE. En esa misma resolución, el magistrado imputó al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán, al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del partido. Pedraz les atribuye una presunta participación en una estructura que, según la investigación, trató de “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. El juez también señaló al propio partido como supuesto financiador de esas actuaciones.
“Es incontestable que la imputación de Begoña Gómez y David Sánchez impactaron de tal manera contra el presidente del Gobierno que utilizó a través de lo que se conoce como 'cloaca de Moncloa' la forma de desactivar ambos procesos. Con un seguimiento al juez Peinado y a la jueza Beatriz Biedma; con una campaña orquestada de injurias y calumnias a través de medios de comunicación afines y financiados por el Ejecutivo y con descalificaciones de sus propios ministros”, ha sostenido Manos Limpias en su escrito, en el que además asegura ante el juez Pedraz que también se intentó neutralizar las denuncias presentadas por la organización y que, con ese objetivo, “se hackeó el ordenador de Manos Limpias”.
Sin embargo, la petición de Manos Limpias se basa fundamentalmente en inferencias y referencias indirectas, sin aportar pruebas documentales o testimoniales que acrediten una participación directa de Pedro Sánchez en los hechos investigados. Las menciones al presidente proceden principalmente de manifestaciones realizadas por terceros y de interpretaciones sobre el contexto político en el que se produjeron los acontecimientos.
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