En el marco de la causa judicial de Begoña Gómez, bajo la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, una de las acusaciones de mayor peso desde los inicios del caso ha decidido marcar distancias y actuar por su propia cuenta. Manos Limpias, el pseudosindicato que propició la misma investigación allá por abril de 2024 contra la esposa del presidente del Gobierno, ha manifestado sus “discrepancias radicales y profundas” con el resto, como bien se trata de Hazte Oír.
En un nuevo escrito presentado por la organización de Miguel Bernad, han pedido al juez que les dé vía libre para ejercer su acusación dentro del caso sin vincularse con la representación legal orquestada por la organización ultracatólica de Hazte Oír, ya que ejerce de dirección letrada de todas las acusaciones populares.
Por ello, ha reclamado al magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid constituir una segunda agrupación procesal de acusaciones dentro de la causa para albergar a otras que lo puedan considerar “procedente”, entre las que se encuentran Vox, Iustitia Europa, Movimiento Regeneración Política de España y el letrado Marco Antonio Caballero.
En estos mismos términos, Manos Limpias ha defendido que, en el fondo de esta investigación, no cabe “inferir en la comisión de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional”, según recoge EFE, siendo estos tres de los cinco delitos –siendo los restantes los de malversación y tráfico de influencias, teniendo en el aire el referido a prevaricación- por los que Peinado investiga a la mujer de Pedro Sánchez.
Manos Limpias se opone a la imputación de la exasesora de Moncloa
Bajo este mismo marco, Manos Limpias también se ha opuesto en este escrito dirigido al juez Peinado a que reconsidere archivar los presuntos delitos que pesan contra la exasesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, al considerar que “no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.
A ojos del pseudosindicato, han mostrado su “plena sintonía” con la postura de las defensas y la Fiscalía, que no perciben delito contra ella, y perciben así un peligro para el “buen fin del proceso” al ser su próxima declaración como testigo “determinante” para que se prueben si existen “cargos suficientes” contra Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Al tiempo, cabe recordar que la pasada Semana Santa, cuando el juez Peinado citó a las partes acusadas para comunicarles su intención de que llevarles ante un jurado popular, Manos Limpias, sobre esta cuestión concreta, se opuso al considerar que la cónyuge del presidente del Gobierno “no es una suerte de primera dama, sino que carece de toda función oficial”.
En aquel escrito, los ultras entienden que es “más razonable” pensar que Cristina Álvarez “asumía las órdenes de quien creía su superior jerárquico” y no que se incrustara en un plan delictivo. En este sentido, asumieron como “complejo deslindar desde el prisma de la empleada qué labores constituyen asistir a Begoña Gómez en el marco de su nombramiento público y cuáles no”.
A pesar de las consecutivas negativas de la Audiencia Provincial de Madrid, así como la defensa de Begoña Gómez en el caso, el juez Peinado viene insistiendo en celebrar la vista oral del juicio con un jurado popular, siendo los últimos que se han sumado a esta negativa el pseudosindicato de Manos Limpias.
Manos Limpias señaló que juzgar a Gómez bajo el jurado popular “es precipitado porque faltan diligencias por practicar”, si bien aseguraron que no han “reculado” en su posición central dentro de la causa, puesto que sí dan luz verde a los delitos de malversación y tráfico de influencias, pero subrayaron que, para que se hubieran cometido, “resulta imprescindible el concurso del delito de prevaricación”, que no se está investigando, y que “no puede ser atribuido al tribunal del jurado”.