A raíz de la imputación del que fuera ministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, el nombre de Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a focalizar parte de la polémica después de conocerse que el jurista habría torpedeado la investigación a uno de los hombres fuertes del Ejecutivo anterior, según informaciones de El Periódico y La Información
La línea conservadora de Luzón no es nueva. Antes de nada, conviene poner en contexto el entorno familiar y profesional en el que históricamente ha nada el fiscal. Hijo del también fiscal José María Luzón Cuesta, quien falleciera en 2020, y hermano del fiscal María Luzón Cánovas, su trayectoria profesional se vincula desde 1995 con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada coincidiendo son la creación de este organismo.
Cuando era ministro de Justicia Rafael Catalá y tras saltar informaciones comprometedoras de su antecesor Manel Moix, probablemente uno de los fiscales más ultraconservadores que se ha visto en la carrera fiscal, Luzón pasa a desempeñar el puesto de Fiscal Jefe y, con ello, a conocer los múltiples casos de corrupción que han acechado la sede de Génova, 13. Algunos de ellos son tan sonados como Gürtel, Púnica o Lezo.
También ha llevado personalmente cuestiones que rodeaban a la familia de Isabel Díaz Ayuso, entrando incluso en conflicto de intereses con la Fiscalía Europea, con lo que parecía una estrategia clara para archivar las diligencias.
Ayuso y Almeida
En lo que se refiere a Madrid, el fiscal también investigó a los primos Martínez-Almeida en el denominado como caso mascarillas del Consistorio de Cibeles que ocurrió asimismo durante la pandemia. En aquel escenario designó a un fiscal de su plena confianza personal, profesional y de cualquier otra índole. Daba la casualidad que en la década de los 80, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el nombramiento de Luzón como fiscal anticorrupción y aparecía a su vez el de Luis Rodríguez Sol como abogado fiscal. Desde entonces trabajaron juntos en varias ocasiones hasta la llegada de otros nombramientos.
Y a nivel nacional, también ha intervenido en el denominado ‘caso Villarejo’. En 2022 se pronunció sobre la salida del fiscal Ignacio Stampa de la Fiscalía Especial, que calificó de “ventajosa” en términos de “prudencia” a la vez que destacaba su perfil técnico coincidía en que era una persona “trabajadora” y “rigurosa” en el marco de la señalada investigación al excomisario.
Stampa fue apartado para analizar la investigación abierta en su contra por una supuesta revelación de secreto. Los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) se interesaron en ese momento para poder ver todas las diligencias y expedientes acerca del fiscal, después de que éste denunciara presuntas irregularidades en el proceso por el que no consiguió plaza en 2020 en Anticorrupción.
Tras este movimiento, Luzón consideró que la investigación sobre Villarejo continuó “a plena satisfacción” al ser sustituido por el fiscal César Rivas en aquel momento; una persona que “sí tiene un perfil idóneo para la Fiscalía”, según estimaba entonces. “Si hablamos del perfil que queremos todos para la Fiscalía Anticorrupción de prudencia y reserva, su sustitución por César de Rivas es tremendamente ventajosa”.
Algunos de sus casos más mediáticos
Otros casos mediáticos que ha llevado el protagonista de estas líneas ha sido el de Juan Carlos de Borbón, de Mario Conde, el de Luis Roldán por la sustracción del dinero de la Guardia Civil o las causas contra Corcuera, Barrionuevo y Vera.
En la más rigurosa actualidad, Luzón ha vuelto a ser mediático por casos como el del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, al que se opone a dejar en libertad alegando que todavía podría “ocultar, alterar o destruir pruebas”.
Respecto de Montoro, el fiscal limitó la investigación y se opuso a abrir diligencias que otras voces jurídicas consideraban necesarias para el correcto desarrollo del análisis, como es el caso de Carmen García Cerdá.
la funcionaria quería profundizar en varios correos electrónicos que parecían apuntar a un presunto uso político de Hacienda respecto de la instrucción del caso Gürtel para con rostros tan conocidos como el de Rodrigo Rato, la expresidenta Esperanza Aguirre o el que fuera uno de los hombres fuertes de Podemos, Juan Carlos Monedero. Incluso se referían a periodistas como Javier Chicote, del diario ABC; según publican varios medios de comunicación. García fue multada con 1.000 euros por una falta grave de desobediencia y, finalmente, fue apartada del caso.