Las casualidades judiciales siguen sucediéndose en España, coincidiendo con la llamada del exmagistrado Manuel García Castellón, quien libró de la Gürtel a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, a que la Justicia entre de lleno en la campaña electoral. El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral y, desde entonces, se han abierto las compuertas de los juzgados. El Ejecutivo era consciente de que esto sucedería, así lo trasladan de puertas para dentro, pero no se esperaban que el golpe llegase desde las universidades privadas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha tumbado el Real Decreto 905/2025 que, básicamente, endurecía los requisitos, tanto académicos como de investigación, para la apertura de universidades privadas. Una norma con la que el Gobierno pretendía poner fin al chorreo de chiringuitos que inunda España desde hace décadas, con el visto bueno de las administraciones dominadas por la derecha, y que establecía que, por lo menos, tuviesen que cumplir unos mínimos de enseñanza para justificar su apertura. Pues bien, la ley ha caído a manos de un profesor de este tipo de centros.
El presidente de la Sala Tercera del Supremo, responsable de la decisión, es Luis Díez-Picazo, quien a su vez es profesor colaborador del Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), que pertenece a la Asociación Española de la Banca (AEB). El doble desempeño podría constituir un conflicto de intereses para algunos, pero no para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aprueba esta dualidad pese a que, en 2018, aprovechó su posición para darle la vuelta a una sentencia del Alto Tribunal, relacionada con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que perjudicaba a los bancos.
Este mismo magistrado, que sigue vinculado al centro universitario de la banca, según recoge la propia web del centro, con el visto bueno del órgano rector de los jueces, es el presidente de la Sala que ha tumbado la ley que ponía límites a las universidades privadas. Para hacerlo se apoya en que no existe justificación para haber tramitado el decreto por la vía de urgencia y obviado la consulta previa y evita entrar en valoraciones sobre el contenido de la norma. Desde 1998 no se abre una universidad pública, lastrada en 50, y las privadas han crecido tanto, hasta las 47, que están a punto de superarlas.
La polémica sentencia
El Supremo ha anulado el real decreto sobre universidades al estimar el recurso del Gobierno de las Islas Baleares, encabezado por Marga Prohens, y ha impuesto las costas a la Administración General del Estado, que deberá abonar 6.000 euros. El Alto Tribunal acepta así lo reclamado por la administración autonómica, que cuestionaba la validez total del Real decreto por "defectos fundamentales de su procedimiento de elaboración" y advertía de "su tramitación urgente sin que se haya justificado adecuadamente la concurrencia de circunstancias habilitantes, con ausencia del trámite de consulta previa".
La Sala Tercera se apoya en que el Gobierno omitió el trámite de consulta pública previa sin justificación. La sentencia asegura que no podían aceptarse que las razones esgrimidas por el Ejecutivo justificaran adecuadamente la omisión del referido trámite, "pues las circunstancias a las que aluden ni son extraordinarias, ni, sobre todo, imprevisibles". Una tesis que el Gobierno no comparte y a la que se opuso la Administración del Estado.
Los defensores de la norma aseguraron que existía un acuerdo expreso adoptado por el Consejo de Ministros para que la nueva norma pudiera estar en vigor al inicio del curso académico 2025-2026 y "cumplirse la finalidad de proteger tanto el estudiante a título individual, como el interés general de que quienes adquieran un título universitario hayan recibido de manera efectiva la formación exigible y que les capacite para desempeñar las funciones propias de su profesión".
Por su parte, el presidente del Gobierno ha reaccionado lamentado la decisión. “La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes”, ha espetado. “Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio”, ha zanjado.
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