Revés judicial para David Sánchez Pérez, hermano de Pedro Sánchez. Una jueza de Badajoz ha visto indicios para concluir la investigación por su contratación en la Diputación de Badajoz y procesarle por prevaricación y tráfico de influencias.
Para ser más precisos, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha dictado un auto de 71 páginas en el que procesa a David Sánchez Pérez-Castejón por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La resolución también afecta a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz en Extremadura, así como a otros cargos del organismo provincial.
Establece la instructora además que se dé traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en este caso para que "en el plazo común de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias".
En su auto, la jueza señala que de la valoración conjunta de las diligencias de investigación se derivan "indicios suficientes" de la comisión por parte de los investigación de una serie de hechos punibles, entre los que cita que con fecha anterior al 11 de octubre de 2016, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto con otros responsables de la institución, "decidieron la creación" de la plaza de coordinador de conservatorios, "con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón", que "en ese momento carecía de trabajo estable".
Señala la jueza que el trabajo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz "ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz", "ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto" para justificar su creación.
Posteriormente, el puesto de trabajo de David Sánchez se modifica al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, una modificación que "ni el propio David Sánchez, además de otros testigos e investigados, supo explicar en su primera declaración con claridad, pese a ser jefe de dicha oficina", señala Beatriz Biedma en su auto.
Un puesto creado "para él"
La investigación se centra en la creación y adjudicación de una plaza de coordinador de los conservatorios la Diputación de Badajoz, que que David Sánchez ocupó desde 2017. Según la jueza, existen indicios de que el puesto fue diseñado a medida para él, permitiéndole condiciones laborales adaptadas a sus preferencias personales, como no acudir diariamente al despacho y compatibilizar su labor con su dedicación a la ópera. Además, se señala que Sánchez habría facilitado la contratación de Luis María Carrero, un amigo y antiguo colaborador en La Moncloa, para que trabajara directamente con él en la Diputación.
En su auto, la jueza considera que David Sánchez tenía "conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él", por lo que "se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento", del que fue "el principal beneficiario".
Además, señala que Sánchez "habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio", en primer lugar, al "conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho", y en segundo lugar, al "conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven, fuera contratada por la Diputación", en alusión al exasesor de Moncloa.
Durante su declaración ante la jueza el pasado viernes, David Sánchez negó haber intervenido en la contratación de Carrero y atribuyó a un "malentendido" un correo electrónico que sugería que ya sabía que la plaza sería para su amigo. Carrero, por su parte, también negó irregularidades y afirmó que su relación con Sánchez era puramente personal.
David Sánchez dimitió de su cargo en la Diputación
Tras la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias en su contra, basada en hipótesis, el hermano del presidente del Gobierno renunció a su puesto en la Oficina de Artes Escénicas de Badajos el pasado 5 de febrero. El sindicato ultra le denunció por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
El documento de renuncia que trascendió entonces, se solicitó que se tuviese “preaviso de extinción del contrato que alta dirección suscrito el 10 de julio de 2017 entre la Diputación y Sánchez Pérez-Castejón, por voluntad de éste, que se producirá transcurridos tres meses”. Se dio por cumplido así la "obligación de preavisar con el tiempo mínimo previsto" en la legislación, solicitando entonces que se dispusiera "cuanto sea necesario para que la finalización de la relación laboral se produzca en esa fecha de manera ordenada, con la colaboración del alto directivo en la medida de sus posibilidades y causado por los mínimo prejuicios al funcionamiento de esa entidad local".
Hace un mes atrás, las mismas fuentes jurídicas precisaron que su renuncia “no le librará” de la investigación judicial, prueba de ello, la citación de nuevo a declarar para el próximo mes de abril.