La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio y hermana de la secretaria de Zapatero, Gertrudis, en un procedimiento penal en el que estaba acusada de un delito de prevaricación. Alcázar ya fue absuelta hace unos años en otro caso también abierto por prevaricación, pero en la Audiencia Nacional, y cuyo instructor fue el magistrado José Luis Calama, quien envió a la alcaldesa a juicio pese a que los hechos se habían cometido con el anterior alcalde del PP. Alcalde que, por cierto, nunca fue imputado.
En el caso del juicio de la Audiencia Provincial, además de Antonia Alcázar, tambien han sido absueltos el concejal de Urbanismo Joaquín Panadero, a la exconcejalam Elena Abraham Suárez, y un extécnico de Urbanismo del Ayuntamiento del delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental por el que la Fiscalía solicitaba tres años de prisión.
Los hechos
Según el Ministerio Público, los acusados, a sabiendas de lo que hacían, no adoptaron ninguna medida para evitar el ruido que generaba un local del municipio pese a las numerosas denuncias presentadas por los vecinos entre los años 2022 y 2023. Dicho local tenía permiso de apertura los fines de semana hasta las dos y media de la madrugada, pero lo mantenían abierto hasta las cinco y media con orquestas y lanzamientos de pirotecnia en el jardín.
Sin embargo, y según la sentencia a la que ha tenido acceso ElPlural.com, los magistrados consideran probado que el consistorio abrió numerosos procedimientos sancionadores, así como varios expedientes, como el 2023, con informe del ingeniero técnico quien señaló que, "dado que el uso predominante en el sector del territorio donde está ubicado el Casón de la Quinta de San Antonio es residencial para viviendas, el límite de inmisión de sonido nocturno debe ser de 45 decibelios, por lo que la empresa habrá de proponer las medidas correctoras y justificar de qué modo cumplirá en las actuaciones musicales previstas ese límite propuesto. Además, deberá limitar la amenización musical a 80 decibelios mediante limitadores acústicos".
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han dado como probado que el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio no incurrió en una dejación de funciones delictiva, ya que el consistorio sí incoó diversos procedimientos de control administrativo y decretos sancionadores firmados por la propia alcaldesa entre 2022 y 2023. La sentencia hace especial hincapié en que la tramitación de estas sanciones se vio gravemente demorada por la escasez estructural de personal en la concejalía de Urbanismo.
La documentación analizada por los jueces refleja que el departamento técnico gestionó más de 2.900 expedientes administrativos entre 2018 y 2025 con una plantilla muy reducida, una circunstancia técnica que fue corroborada por los operarios municipales durante el juicio.
La sentencia concluye que no existen pruebas que demuestren que Antonia Alcázar, el concejal de Urbanismo Joaquín Panadero, la exconcejala Elena Abraham o el técnico municipal procesado dictaran resoluciones injustas a sabiendas para favorecer a la empresa denunciada.
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