Un error técnico del juez Juan Carlos Peinado, quien investigó a Begoña Gómez hasta su jubilación el pasado mes de septiembre, podría retrasar la fecha en un principio prevista para que la mujer de Pedro Sánchez se siente en el banquillo de los acusados.
Según publicaba en las últimas horas Artículo 14, el juez tuvo que admitir una petición del abogado de Gómez, Jaime Campaner, que tiene que ver con los informes de la UCO. Concretamente, el periódico mencionado señala que el letrado se percató de que el magistrado había permitido a la acusación popular, liderada por Hazte Oír, adjuntar informes de la UCO al completo, una cuestión ilegal en los procesos con juicio con jurado, como el que tiene pendiente la esposa del presidente del Gobierno, según estima el letrado.
En estos casos, solo pueden enviarse extractos concretos de esos informes como puedan ser tablas de datos o gráficos, pero no pueden ir completos, con el objetivo de no sesgar a los ciudadanos anónimos que participen del proceso.
Según publica el medio de comunicación señalado, el togado tuvo que acceder a la solicitud del abogado en uno de sus últimos autos antes de jubilarse, y dejó encargado a un letrado de la administración de justicia esta criba de una instrucción que dispone de numerosos informes de la UCO, a los que dan forma más de 5.000 páginas.
En uno de los últimos escritos de la defensa de Gómez, al que ha tenido acceso Artículo 14, Campaner pide que, cuando termine el trámite correspondiente, se “especifique qué concretos testimonios se van a remitir al órgano de enjuiciamiento” finalmente. El letrado no descarta introducir una cuestión previa en la fase intermedia por una “indebida inclusión en los testimonios de diligencias reproducibles”.
En esa fase intermedia se asigna a un magistrado presidente del tribunal. Se trata de un juez encargado de resolver cuestiones previas que decidirá asimismo las pruebas que admite, quién testificará y cuándo se celebrará el juicio. Llegado el caso, es en ese punto cuando la defensa de Gómez, si lo considera necesario, protestará por el material que se quiere enviar el jurado.
Escrito de Hazte Oír
Atendiendo a la publicación de Artículo 14, Campaner también intentará tumbar el escrito de acusación de Hazte Oír por un motivo similar. El abogado de la mujer del Jefe del Ejecutivo considera que dicho documento no es válido porque incluye declaraciones que se han ido recogiendo a lo largo de la instrucción e informes policiales, cuestiones que, defiende el letrado, están prohibidas por ley, dado que podría sugestionar a las personas anónimas antes del juicio.
Lo que sucede normalmente en estos casos es que, cuando se tumba el escrito de acusación, ésta se adhiere a otra de las acusaciones. Lo distinto en la situación que afecta a Gómez es que solamente hay un escrito de acusación a valorar, dado que la Fiscalía no acusa, sino que pide el archivo de la causa.
La acusación popular, ejercida por Hazte Oír, pide una pena de 13 años de prisión para Begoña Gómez y de seis para su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. También solicita que Pedro Sánchez declare.
Auto de apertura
En el auto de apertura de juicio oral, Peinado sostiene, de una parte, que Gómez se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer su trayectoria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Asimismo, tras una investigación de alrededor de dos años, considera que pudo cometer un delito de malversación por dos cuestiones: porque se valió de los servicios de su asesora para buscar financiación para la cátedra y porque, según el magistrado, trató de adueñarse de un software que desarrolló la empresa privada como herramienta didáctica.
El magistrado envió a Gómez a juicio con jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara la investigación llevada a cabo, pero únicamente en lo que respecta a estos dos presuntos delitos, dejando fuera del procedimiento los de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Cristina Álvarez también se sentará ante jurado popular después de que se le atribuyera un delito de malversación.
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