La magistrada instructora de la Audiencia Nacional María Tardón, al cargo de la causa sobre la crisis migratoria de Ceuta, ha citado a declarar en calidad de testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y al que fuera jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, que ya dimitió.
En el auto, la jueza ha llamado al dirigente de la ciudad autónoma para el próximo 30 de septiembre, mientras que al excargo de la Delegación para el 1 de octubre, mismo día que acudirá el jefe de la Policía Local de Ceuta también en calidad de testigo.
En otras diligencias, la magistrada ha acordado solicitar a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haberse emitido en relación con la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, señalando la fecha y hora en que tuvieron lugar.
Cabe recordar que fue el pasado 7 de septiembre cuando la jueza admitió la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la emergencia migratoria de Ceuta al considerar que se trató de un ataque grave a la integridad territorial española y al tratarse de delitos que comprometen la paz, estabilidad e independencia del país, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los homicidios imprudentes, además de organización criminal.
En el auto de admisión de competencia, la jueza Tardón sostuvo que el escenario presenta “una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”. Reiteró así que no se trataron de actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea.
El juzgado de Ceuta remite a la AN la causa contra el delegado del Gobierno
Con esta citación de por medio, el foco se cierne sobre la actuación del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, cuyo jefe de gabinete durante la crisis dimitió cuando salieron a la luz los informes desclasificados del Ejecutivo central, cuando trascendió que recibió un mensaje de WhastApp de un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes de la entrada masiva de migrantes.
Bajo este marco, el juzgado de la ciudad autónoma acordó este martes inhibirse de la causa que investiga a Pérez Triano en favor de la causa que instruye la magistrada Tardón al apreciar una conexión objetiva y subjetiva entre ambos procedimientos, relacionándose así con “la organización, movilización y efectos de la entrada masiva de personas desde Marruecos”. De esta manera, la jueza María de la Luz Lozano consideró conveniente la investigación conjunta en aras de esclarecer los hechos y determinar las causas y responsables.
Sumado a ello, la Fiscalía de Ceuta ha señalado este miércoles a la Audiencia Nacional por ser la competente de determinar “si las decisiones u omisiones producidas pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos” en Ceuta.
De esta manera, el Ministerio Público ha abogado por “examinar” el papel del delegado del Gobierno ante “la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes, la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección”. Y es que, en estos términos, ha remitido a que las denuncias presentadas por Pérez Triano apuntarían a “su eventual responsabilidad” por las decisiones adoptadas.
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