La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha anunciado este jueves que citará a declarar como imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por la crisis migratoria de Ceuta.
Pérez Trino dimitió a finales de septiembre y ya ha comparecido como testigo en las mismas diligencias. Ahora, será citado en calidad de investigado para el próximo 18 de noviembre.
Esclarecer si “pudo existir una actuación deliberada dirigida a perturbar el funcionamiento de los sistemas”
En el auto, al que ha tenido acceso El Plural, la instructora requiere a las autoridades que remita un informe que incluya las incidencias, análisis, investigaciones o informes de inteligencia que consten en relación con anomalías en las comunicaciones operativas coincidiendo con los hechos investigados, durante el periodo comprendido entre los días 28 de julio y el 5 de agosto, “compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles”.
También requiere que el Centro de Operaciones de Servicios (COS) de la Guardia Civil de la ciudad autónoma remita las grabaciones de las llamadas que se hubieran recibido durante el día 30 de julio. “Si se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades (en alusión a los sistemas de comunicación, coordinación y transmisión de información), resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas”, dicta.
La jueza se centra en el contexto en el que se desarrollan los hechos, dice, excepcional, y menciona que afectaron a intereses del Estado que tienen que ver con la seguridad de las fronteras o el control de flujos migratorios, así como con la capacidad de respuesta de los servicios públicos cuya labor es preservar la seguridad y el orden. Las diligencias, emite, están destinadas a “esclarecer una circunstancia que, por su eventual relevancia para la comprensión global de los hechos objeto de la causa, no puede quedar sin verificación”.
Tardón niega que haya elementos objetivos que permita afirmar la existencia de elementos compatibles con actuaciones intencionadas de interferencia tecnológica, ciberataques o guerra electrónica, entre otras, más allá de la declaración de un agente. Por ello, la jueza piensa que es pertinente oficiar primero a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de la Policía y al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil.
Dimisiones del exdelegado y su jefe de prensa
El exdelegado del Ejecutivo central en la ciudad autónoma dejó todos sus cargos después de que trascendiera que había remitido un informe al Ministerio del Interior antes de la situación que comenzó a finales de julio. En aquel texto advertía de la “previsión de serio desborde en las próximas semanas” y pedía ayuda urgente a Moncloa.
Previo a eso, dos semanas antes renunciaba su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, después de conocerse que el CNI había comunicado el 29 de julio a Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil que en redes sociales se estaba moviendo una convocatoria para entrar en España coincidiendo con la Fiesta del Trono.
Sanz se refirió a una “evidente incompatibilidad” entre su versión, la que transmitió a Pérez Triano ese mismo día, y las declaraciones de este segundo en las que defendía que no había recibido información.
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