La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha acordado una nueva orden de busca y captura sobre el agitador ultra Vito Quiles para notificarle la apertura de juicio oral por burlarse de una mujer con discapacidad del 75% militante de Izquierda Revolucionaria en uno de sus vídeos que publica en redes sociales. La Fiscalía pide dos años de prisión para el agitador por posible delito contra la integridad moral.
"Se decreta la busca, detención y presentación de D. Vito Zoppelari Quiles, a fin de notificarle el Auto de apertura de juicio oral, darle traslado de copia del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, hacerle el emplazamiento y requerimientos acordados, y verificado, sea puesto en inmediata libertad, si por otra causa o motivo legal no estuviere privado de ella", reza la resolución.
Los hechos por los que ahora se ordena la busca y captura de Quiles se remontan al 20 de marzo de 2024. Entonces, durante una protesta que se celebró frente a la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova contra los 'protocolos de la vergüenza' de Isabel Díaz Ayuso, el agitador entrevistó a una mujer que tiene una discapacidad intelectural del 75% con preguntas que dejaban entrever que el objetivo real era humillarla.
El vídeo fue difundido por EDATV, así como por él mismo en su cuenta de X (antes Twitter) y por Javier Negre, presidente de esta cadena. Fruto de ello, el colectivo feminista Libres y Combativas de Izquierda Revolucionaria en el que milita la víctima presentó una denuncia en contra de Quiles.
En su escrito, la Fiscalía señalaba que "es un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal".
El pasado 2 de julio la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, integrado en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital, ya ordenó la busca y detención del agitador después de que no acudiera a dos citaciones judiciales relacionadas con una querella por un presunto delito contra el honor.
La magistrada sostuvo que las reiteradas ocasiones en las que Quiles se ausentó de sus declaraciones previstas evidenciaban un intento de esquivar la acción de la Justicia, por lo que acordó una orden de "busca, detención y presentación" para garantizar que compareciera ante el juzgado.
Esa causa nace de una querella presentada a principios de 2026 por un funcionario del Ministerio de Hacienda que aseguró haber sido víctima de una campaña de difamación impulsada por Quiles en redes sociales y en los programas en los que participa al propagar un bulo sobre su persona. El querellante denunció que Quiles lo presentó públicamente como un supuesto asesor de la exministra de Hacienda María Jesús Montero que habría estado en la prisión y que logró salir de esta gracias a la intervención de la entonces vicepresidenta del Gobierno, antes de acabar trabajando en el ministerio.
Lejos de ello, el denunciante era un empleado público que desarrolla su labor en la Administración desde 1985 y cuya trayectoria profesional ha transcurrido con normalidad durante gobiernos tanto del PSOE como del PP. Nunca ha ingresado en prisión ni existe procedimiento alguno que respalde las acusaciones difundidas por Quiles, que el abogado del funcionario califica de "radicalmente falsas" y realizadas "con pleno conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad".
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