El juez Peinado se fue de vacaciones en plena investigación del triple crimen de Usera sin los deberes hechos

El juez juan Carlos Peinado no parece guardar una buena relación con los plazos. No hace mucho que salió a la luz que un error de tiempos del magistrado salvó al Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, tras una denuncia de la izquierda por haber presuntamente inflado los precios de una charla de la que participó el director de Okdiario, Eduardo Inda.

Sin embargo, no fue la primera vez que un caso que recayó en el juzgado del magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se ha dilatado en el tiempo por la manera de proceder del juez. Un ejemplo más grave que el mencionado anteriormente teniendo en cuenta lo que se investigaba fue uno relativo al triple crimen de Usera.

En 2016 tres personas aparecieron muertas a golpes en el despacho de abogados dirigido por el letrado peruano Víctor Joel Salas. Un entramado de celos e infidelidades derivó en el asesinato de tres personas -dos empleados y un cliente- que se encontraban en un bufete de este barrio madrileño.

En cuanto ocurrieron los hechos, todas las autoridades se pusieron manos a la obra de inmediato, hasta que la cadena se paralizó en un momento dado, dilatando un tiempo clave. Ese parón coincidió con las vacaciones del Peinado.

En un primer momento, los investigadores del grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Madrid contactaron con la policía alemana -el propietario del bufete mantenía una relación sentimental con una mujer de Alemania y el novio de la chica los descubrió-, que respondió rápidamente con los trámites necesarios a fin de encontrar al sospechoso, tal y como contaba por aquel entonces El Confidencial.

Es aquí cuando entra en juego el juez Peinado, que rectificó a los agentes españoles cuando estos pretendían hacer las gestiones policiales. Por el contrario, les obligó a cursar una comisión rogatoria vía judicial, lo cual lleva más tiempo. Sin embargo, llega el mes de agosto y el magistrado se va de vacaciones sin haber cumplido los trámites para una opción que él mismo había exigido.

Mala imagen de España

La mala praxis provocó la renovación del secreto a las actuaciones, que se prorrogó nuevamente el 22 de septiembre de ese año. En Alemania no entendieron la decisión de Peinado y se la reprocharon como inacción, y no fue el único país que se pronunció en estos términos.

En este sentido, cabe destacar que la familia de una de las personas asesinadas mantenía una posición acomodada en Cuba, ya que el padre era teniente coronel de inteligencia del Ejército de Raúl Castro, mientras que su mujer era profesora de Medicina Forense en la universidad. No dudaron en mostrar su preocupación por la tardanza de la justicia española en cartas a la Policía y al propio juez Peinade, donde reclamaban información sobre las pesquisas. Además, viajaron a Madrid pero no consiguieron que el magistrado arrojara nada de luz.

El desenlace del caso

El autor del crimen, Dahud Hanid Ortiz, huyó a Venezuela después de cometer el asesinato y fue detenido en 2018 y condenado a 30 años de prisión, ya en 2024. En 2025, en plena negociación entre Estados Unidos (EE. UU.) y el país latinoamericano sobre la liberación de presos políticos fue incluido, quedando finalmente en libertad.

El Gobierno de Nicolás Maduro recibió a más de 250 venezolanos detenidos desde marzo en El Salvador y accedió a la liberación de un grupo de presos políticos, así como a diez estadounidenses en un inédito intercambio entre Caracas y Washington.

La decisión fue muy criticada por las familias de las víctimas y la defensa de las mismas al entender que no era un preso político como defendía su abogado. “Los gobiernos de Donald Trump y de Maduro acaban de dejar en libertad a un asesino”, señalaban.

El juez Peinado y los plazos

Como se indicaba unas líneas más arriba, no es el único caso que se dilata porque el responsable del juzgado de Instrucción número 41 amplíe de alguna manera los plazos. El error que concierne al ayuntamiento de Madrid, quien podría haber incurrido junto a Inda en un delito de prevaricación es muy clarividente.

En ese caso, el juez dictó una prórroga de la instrucción fuera del plazo legal establecido, más de dos meses después de que éste expirara, concretamente el 2 de abril de 2025, pese a que el margen legal había vencido el 27 de enero. Aunque Más Madrid pidió la prórroga en tiempo y forma para permitir nuevas pruebas y diligencias, el magistrado ignoró los tiempos. Ello facilitó a las partes investigadas recurrir ante la Audiencia Provincial.