El juez deja en libertad a Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI

El magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decretado la puesta en libertad, con medidas cautelares, para Leire Díez, el empresario navarro Antxon Alonso y el que fuera director de la SEPI Vicente Fernández. El juez ha tomado la decisión después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya pasado a disposición judicial a los tres detenidos. Según las fuentes consultadas por ElPlural.com, los tres se han acogido a su derecho a no declarar. La operación policial investiga el cobro de comisiones por el amaño de contratos públicos entre los años 2021 y 2023.

El procedimiento se abrió tras presentar la Fiscalía Anticorrupción una querella en la Audiencia Nacional. Respecto a las medidas cautelares, el Ministerio Público, representado por la fiscal Elisa Lamelas, ha solicitado la retirada del pasaporte para todos los detenidos. Asimismo, también ha requerido su comparecencia en el juzgado cada 15 días.

Fuentes jurídicas han informado de que los supuestos amaños se centrarían sobre todo en los años 2021 y 2022. Finalmente, Vicente Fernández sí ha declarado y ha contestado a todas las partes. Las mismas fuentes han explicado que el magistrado les ha dicho que en breve se ordenarán muchas más diligencias de investigación en el procedimiento.

A las 13:42 Leire Díez ha abandonado la Audiencia Nacional sin dar declaraciones. Ha subido tapándose la cara por la rampa de acceso de vehículo y se ha subido a un taxi junto a su abogada. Lo mismo ha hecho el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

Secreto de sumario

Los tres fueron arrestados este pasado miércoles por agentes de la UCO a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las indagaciones bajo secreto de sumario. Fiscalía Anticorrupción impulsó la causa contra Díez, Alonso y Fernández y se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El magistrado que instruye el caso ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza a empresas relacionadas con Servinabar, la mercantil que la Guardia Civil vincula con Santos Cerdán. 

Así, los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y en Zaragoza, personándose también en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información. Hicieron lo propio en Correos y las sedes ministeriales de Hacienda y Transición Ecológica para reclamar dos expedientes administrativos que se facilitaron a los agentes de la Benemérita "con total colaboración", apostillando que ambos se tramitaron "con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos". Además de los tres detenidos, figura en la causa en calidad de investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunciaba el viernes el PSPV; aunque según según recoge Europa Press, el número de investigados se eleva por encima de la docena. 

Díez y la SEPI

La fuera militante del Partido Socialista también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en la causa, por presuntamente el ofrecimiento de favores a cambio de información sobre miembros tanto de la Guardia Civil como de Anticorrupción. El magistrado considera que Díez "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones "en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios". 

El pasado 17 de noviembre, la ex socialista manifestó ante el juez que tuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, aunque acota que se produjeron en calidad de periodista y negó cualquier tipo de vínculo con el partido o con un ofrecimiento de favores al político. Al mismo tiempo, repasó su vida laboral, remarcando que en 2018 ingresó en las filas de Enusa, donde permaneció hasta 2021, cuando se acogió a una excedencia voluntaria para trabajar en Correos como jefa de Relaciones Institucionales. Dos compañías, precisan, dependientes de la SEPI. 

Por su parte, Fernández fue designado por el Ejecutivo como presidente de la SEPI en junio de 2018, aunque dimitió de su cargo un año después por su imputación en el caso Aznalcóllar; una causa que le sentó en el banquillo por un supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina. No obstante, Fernández fue absuelto este mismo ejercicio. Asimismo, figura en la documentación que la consejería de Hacienda de Navarra envió al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. En dicha documentación queda patente que recibió de la empresa un montante de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. Asimismo, también queda reflejado que le fueron retenidos un total de 40.800 euros en 2022. 

Por otro lado, Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, también computa como investigado en la pieza de Koldo. Ante el instructor de la causa, el juez Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas y desvinculó a Santos Cerdán de la empresa. Admitió, eso sí, que realizó pagos al exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes por su intermediación en calidad de comisionista de proyectos de construcción privados previos a 2017. En ese sentido, siempre ha defendido que ha sido único socio de la empresa, despojando de validez al contrato privado que la UCO halló y que constaba que Cerdán adquirió el 45% de la misma (1.350 participaciones) por un valor de 6.000 euros.