El juez Juan Carlos Peinado pretende que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sean juzgados por el delito de malversación ante un jurado popular si finalmente se produce la apertura de juicio oral. Así se lo comunicará el titular del Juzgado 41 de Madrid a las defensas el próximo sábado, aunque este será tan solo el primer paso de un largo proceso que, tal y como ha explicado un reputado magistrado, podría no llegar siquiera a producirse.

“La defensa de Begoña Gómez (y también el fiscal) podrán, en la comparecencia del sábado próximo, argumentar ante el instructor que los hechos investigados no serían, incluso de ser ciertos, constitutivos del delito de malversación, en cuyo caso la causa no iría a jurado”, ha explicado Miguel Pasquau a través de sus redes sociales. Este alegato, por supuesto, no es suficiente para evitar a la esposa de Pedro Sánchez sentarse frente a un jurado popular, pero los pasos no finalizan ni mucho menos en este punto.

Si el juez considera que sí lo son (constitutivos de malversación)”, continúa es magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Granada, “deberá refrendarlo, motivadamente, en su momento en un nuevo auto (el de apertura de juicio oral), que no sería recurrible ante la Audiencia Provincial”. Visto lo visto, Peinado intentará ratificar su planteamiento aludiendo a cualquier justificación, por sorprendente que resulte, tal y como ha venido haciendo en este caso. Per tampoco acaba aquí la cosa.

Aunque este refrendo no sería recurrible, “lo que sí podrá hacer después la defensa es plantear ‘cuestiones previas’ ante el magistrado que sea designado para presidir el Jurado, en las que defienda que los hechos objeto de acusación no pueden ser calificados jurídicamente como malversación (y por tanto no irían a jurado)”, continúa desarrollando Pasquau. Este punto si que es importante, dada que podría ser la última oportunidad de Gómez para frenar este juicio público, de finalmente abrirse, ante un jurado popular altamente expuesta al caso.

La decisión que tome el magistrado”, expone el último paso el juez ubetense, tampoco es definitiva. “Podrá ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)”, añade. Con todo, si algo le queda claro al también catedrático de derecho es que aún queda mucha tela por cortar. “Todo eso antes de que el balón empiece a rodar, es decir, antes del juicio. Es decir, que queda mucho, pero mucho partido, antes de que llegue a darse la escena de un Jurado juzgando a la Sra. Begoña Gómez”, ha explicado.

Esta protección es la que, tanto Pasquau como otros juristas, da garantías a los procesos. “Por fortuna, el sistema parte de la premisa de que un juez puede equivocarse e incluye garantías para que las partes hagan valer la discrepancia”, ha zanjado el magistrado, catedrático y autor de varios libros su amplia y detallada explicación. Eso sí, como ocurre siempre en estos casos, el señalamiento mediático y el desgaste judicial está garantizado para Gómez, como lo fue para todos aquellos señalados por los ultras con dinero y tiempo libre de Manos Limpias, Hazte Oír o Vox.

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