La instrucción judicial que investiga el caso Montoro, centrada en las operaciones del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su despacho Equipo Económico, ha centrado el foco en la información bancaria completa del principal investigado y una veintena más de personas enmarcadas dentro de la presunta trama corrupta. Según recoge este lunes El País, el magistrado titular de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus, ha autorizado a los Mossos d’Esquadra a acceder a los documentos financieros para conocer todos los productos y movimientos bancarias asociados a la causa.
La investigación gira en torno a una presunta trama por la que, a través de la legislación emanada de Hacienda en el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, se pudo beneficiar a empresas gasistas. Sobre este último movimiento del juez, pese a que el proceso lleva prolongándose años, ha reiterado que la petición de acceder a información bancaria viene de lejos, por lo que es una pieza del puzle aún sin colocar.
El magistrado considera que la relevancia de estos datos es clave en la continuidad de la investigación, más aún tras el último informe brindado por la Agencia Tributaria, en el cual se reflejó la existencia de una estructura financiera entre los actores implicados en Equipo Económico y en la que se detectaron fraccionamientos, por lo que persiste la sospecha de que, a través de este despacho, se camuflaron los pagos de diferentes clientes.
Cabe remarcar en este punto que la Fiscalía llegó a localizar, entre 2008 y 2013, un montante de 35,5 millones de euros que tendrían su punto de origen en las empresas gasísticas investigadas en la misma causa, además de otros pagadores paralelos. Sobre este último punto, el magistrado aún no ha decidido si ampliar la investigación, pero se postula en la misma dirección que Hacienda al percibir “la existencia de pagos a exsocios y familiares” de Montoro en los mencionados fraccionamientos.
Y es que el punto álgido de este aspecto radica en que estos pagos se hicieron cuando los implicados ya no eran miembros activos del despacho, por lo que el magistrado ha tachado estas operaciones de “incoherentes” en comparación con lo que sí percibían previamente. Asimismo, el juez da cuenta de que en 2023 se emitieron diferentes requerimientos a entidades bancarias a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
¿Y Montoro?
En lo que concierne a este respecto la figura del extitular de Hacienda, se llegaron a localizar hasta siete transferencias bancarias a su favor entre marzo de 2007 y febrero de 2008 de parte de Equipo Económico por un montante de 137.358,16 euros. Sin embargo, Hacienda subraya que, según los datos del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, el exministro solo habría recibido pagos del despacho en 2007, por un total de 200.000 euros, de los cuales 70.000 euros correspondían a retenciones.
Sin quedarse en este punto, el organismo identificó pagos dirigidos a la esposa del exministro realizados cuando él ya no formaba parte del despacho y antes de incorporarse al Gobierno de Rajoy: dos transferencias efectuadas en octubre de 2008 y septiembre de 2010 que suman 9.450,69 euros. Según fuentes de la defensa del despacho, tal y como recoge el mencionado periódico, esos importes corresponderían al servicio de catering de dos celebraciones anuales a las que acudían los socios con sus familias.
Por su parte, Equipo Económico ha respondido al auto judicial presentando un recurso en el que critica la decisión del juez Rus, al considerar que busca alargar de forma artificial e indefinida la fase de instrucción. El despacho califica de desproporcionado que se soliciten datos bancarios que abarcan doce años y que se retroceda hasta 18 años atrás, periodos que sitúa muy anteriores a los supuestos hechos delictivos, lo que tacha de inusual.
Además, sostiene el despacho que las nuevas diligencias suponen una investigación de carácter prospectivo, prohibida por ley, ya que entre las personas sobre las que se solicita información bancaria figuran algunas que, durante los siete años de investigación, no han tenido la condición de investigadas.
Cabe recordar que la decisión del juez Rus de reclamar más volumen de información no es nueva ni baladí, puesto que así actuó la pasada semana en aras de “completar la información obtenida” al considerar que la que ya estaba en sus manos de parte de algunas entidades bancarias era “insuficiente”.