El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decretado la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país para Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Ambos están siendo investigados por su presunta implicación en el llamado caso Koldo, una trama de corrupción vinculada a antiguos responsables del Ministerio de Transportes. Las medidas han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras su comparecencia este lunes como imputados. En sus declaraciones, los dos ex altos cargos han negado cualquier relación con las supuestas irregularidades que salpican, entre otros, a los exdirigentes del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como al exasesor Koldo García.
En el auto que recoge la decisión judicial, el magistrado lanza duras acusaciones contra los investigados. A juicio de Moreno, tanto Pardo de Vera como Herrero habrían desempeñado un papel clave en un esquema de concesión fraudulenta de contratos de obra pública en el seno del Ministerio, beneficiando de forma sistemática a ciertas empresas. “De las evidencias digitales, la documentación y la investigación practicada se desprende que [ambos] habrían intervenido en adjudicaciones irregulares a petición de Koldo García”, escribe el juez. Las compañías favorecidas serían, según el sumario, Acciona, OPR y LIC.
A lo largo de la investigación, los dos implicados han tratado de desligarse de la presunta red corrupta. Tanto en sus anteriores declaraciones como testigos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, como en la comisión del Senado que analiza el caso Koldo, han mantenido que no participaron en ningún tipo de amaño ni aceptaron contraprestaciones. Este lunes, durante su declaración formal como imputados, insistieron en esa misma línea. Según fuentes jurídicas presentes en la vista, ambos respondieron únicamente a sus defensas y al fiscal, y se acogieron a su derecho a no responder a las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular.
Pese a la gravedad de las imputaciones —organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, a las que se suman prevaricación y malversación en otras resoluciones anteriores— el magistrado no llegó a formular preguntas directas durante la comparecencia. Herrero, por su parte, admitió que García le pedía información sobre obras públicas, aunque, según aseguró, solo le facilitaba datos una vez que estos ya eran públicos. En su relato, esa actitud respondía al interés político de su interlocutor por mostrar avances en plena campaña electoral, no a una voluntad de interferir en los procedimientos administrativos.
En ese mismo sentido, Herrero se mostró muy crítico con el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le señala junto a Pardo de Vera como uno de los presuntos responsables de facilitar contratos manipulados. El juez recogía ya el pasado 25 de junio que ambos habrían “permitido la manipulación de los procesos de contratación”. El exdirector general, sin embargo, sostuvo ante el juez que los investigadores cometen errores de fondo y forma al interpretar el proceso administrativo, confundiendo fases y mezclando fechas. Aseguró además que las valoraciones técnicas y económicas no dependen de una única persona, sino de varios equipos especializados.
Por su parte, la expresidenta de Adif también está imputada por la supuesta contratación arbitraria de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas como Ineco y Tragsatec. Según subraya el juez, en esta última fue asignada directamente a la Presidencia de Adif. En su defensa, Pardo de Vera afirmó que remitió el currículum de Rodríguez a instancias de Koldo García y que, en ese momento, no tenía conocimiento de su relación con el ministro. Asegura que cuando supo del vínculo personal, optó por no renovarle el contrato. Añadió, además, que había trasladado al propio Ábalos sus quejas por las formas de su asesor y las presiones que recibía.