El juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha solicitado este martes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la elaboración de un informe detallado sobre la evolución del accionariado de la aerolínea en el marco de la investigación por el rescate público de 53 millones de euros concedido durante la pandemia.
La decisión responde a una petición formulada por la Fiscalía, que considera necesario analizar la composición del capital social de la compañía desde su constitución en 2011 para esclarecer las circunstancias que rodearon la concesión de las ayudas.
Según el Ministerio Público, Plus Ultra fue fundada por Julio Martínez Sola, investigado en la causa, y Fernando González Enfedaque. Asimismo, destaca que a partir de 2017 se produjeron cambios relevantes en el accionariado con la incorporación de inversores de origen venezolano a la estructura de propiedad y gestión de la empresa.
La Fiscalía señala que, desde ese momento, la sociedad pasó a estar controlada por nuevos socios que realizaron aportaciones de capital, entre ellos el empresario Rodolfo Reyes, actualmente en busca y captura.
En este contexto, considera necesario determinar el alcance de las operaciones societarias mediante las que se produjo la entrada de capital venezolano y evaluar su posible incidencia en la situación de la compañía cuando solicitó las ayudas públicas.
Por ello, el juez ha encargado a la UDEF un análisis completo de la historia registral de Plus Ultra, que incluya los cambios accionariales, las aportaciones de capital efectuadas, la evolución de la propiedad y cualquier otro aspecto relacionado con la financiación de la aerolínea que resulte de interés para la investigación.
La decisión llega después de que la defensa del expresidente del Gobierno presentara un recurso contra la resolución que autorizó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a acceder a diversas cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero, de sus hijas, de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y a los depósitos vinculados a las empresas de su socio Julio Martínez. Todos ellos continúan investigados por su presunta participación en la estructura objeto de la causa.
Según la investigación, el supuesto entramado habría utilizado la sociedad Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, para canalizar pagos equivalentes al 1 % del rescate público concedido a Plus Ultra. El juez sostiene que esos fondos se habrían transferido bajo la cobertura de contratos de consultoría presuntamente ficticios, mediante un entramado societario diseñado para dificultar el seguimiento del origen y destino del dinero.
En este contexto, el magistrado de la Audiencia Nacional ha solicitado a la UDEF la elaboración de un informe exhaustivo sobre la evolución del capital social de Plus Ultra, atendiendo a una petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción dentro de la investigación sobre la concesión del rescate a la aerolínea.
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