El juez Antonio Viejo se comprometió hace más de un mes que permitiría a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a investigar las cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. A fecha de hoy, sigue sin hacerlo.
Los requerimientos de la UCO para que el magistrado autorice a analizar los movimientos bancarios de la pareja sentimental de la lideresa de la Comunidad de Madrid, así como su información societaria, cumplen seis meses sin que el togado instructor se haya prestado a autorizarlos, según confirma elDiario.es.
Cuando se cumplieron tres meses sin que el juez contestara al requerimiento de la UCO para empezar a investigar, un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) indicó al periódico mencionado que el juez no había tomado posesión de su nuevo cargo hasta octubre de 2025 y que tuvo que “empezar de cero” revisando todas las causas.
Atendiendo a esa explicación, el magistrado Antonio Viejo habría priorizado a las causas con preso u otras de especial complejidad que afectaban al día a día de las víctimas, como las grandes estafas o las que guardaban relación con herencias. Esta explicación ganaba credibilidad con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que ha cambiado el modelo que regía a estos y, siempre según esas fuentes, redundado en el retraso.
Siguiendo una cronología de los hechos, la primera jueza que llevó el caso, Inmaculada Iglesias, se jubiló el verano pasado. A finales del mes de junio dictó un auto en el que ordenaba a la UCO actuar como policía judicial del caso dado, precisamente, la complejidad del mismo. La llegada del profesional que pasó a instruir retrasó la investigación.
Siguiendo con la línea cronológica, hay que señalar que el juez se incorpora durante el mes de octubre y que hasta el 31 de ese mes la UCO no alcanzó la primera parte de la información por corrupción en los negocios y administración desleal contra González Amador. Una semana después, el juzgado habría completado la remisión de documentos de la Benemérita.
La primera jueza de la causa habría pedido en julio aclarar el “incremento patrimonial” del empresario, con discretos resultados hasta 2020. Iglesias instruye la causa principal, que se centra en el fraude fiscal, pero abrió una pieza separada a petición de las acusaciones populares, cuyos abogados encontraron indicios de otros delitos que iban más allá del fraude fiscal.
La jueza pidió a la unidad de la Guardia Civil que le informara de un posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador y solicitó el análisis de todos los flujos financieros relacionados con el empresario y un posible delito de blanqueo de capitales.
La última instrucción de la magistrada ofrecía una pista sobre por dónde puede crecer el caso, dado que esa dinámica delictiva no había sido contemplada por ella hasta ese momento. Lo mismo pasa con la mención a la trama en la que habría participado el novio de Ayuso y que podría resultar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.
La oposición lamenta la velocidad de la justicia en lo relativo a González Amador. Tanto PSOE como Más Madrid enviaban varios escritos de impulso procesal al magistrado, con solicitudes formales para reactivar procedimientos estancados. Asimismo, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, dijo en sesión de control que “esto tiene que resolverse ya”. “Lo que estamos exigiendo es seguir la pista del dinero para llegar hasta el fondo y para que quede claro que en España la justicia no trabaja a dos velocidades”.
A sus 66 años de edad, Viejo llegó al juzgado 19 procedente de la Audiencia Provincial de Mardid, en un movimiento que algunos consideran poco convencional porque no es habitual que los jueces desciendan de instancia judicial. En septiembre se confirmó que había ganado el concurso de traslado para ocupar la plaza que había dejado vacante Iglesia; un concurso que se resolvió por el criterio de la antigüedad en la carrera.
Se trata de un juez relativamente poco conocido porque fue el decano de los jueces de Plaza Castilla entre 2014 y 2018. Cesó para asumir como secretario general en el Ministerio de Justicia durante el primero Gobierno de Pedro Sánchez, un cargo técnico que hacía de enlace entre el departamento y la carrera judicial. Asimismo, se corresponde con un histórico de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
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