El juez instructor del caso Voloh, Joaquín Aguirre, solicitará al Tribunal Supremo la imputación de Carles Puigdemont por el delito de alta traición. Este tipo penal queda fuera del ámbito de aplicación de la ley de amnistía. El magistrado ha decidido abrir una pieza separada para investigar la injerencia rusa del procés, al tiempo que ha anunciado que elevará una exposición razonada ante el Alto Tribunal contra el expresident de la Generalitat, habida cuenta de su condición de aforado.

A pesar de que la Audiencia de Barcelona le obligó a dar por finalizada la investigación, anulando todas las diligencias practicadas a partir de 2023, el juez de instrucción número 1 de Barcelona ha decidido abrir una pieza separada investigando los delitos de traición y malversación de caudales públicos. En el auto, el magistrado Aguirre precisa que “podrían ser delitos conexos con el principal, dado que la comisión de éste podría haber sido realizada para la obtención de financiación para las actividades del delito de conspiración para la injerencia de un país extranjero en territorio español.

Joaquín Aguirre, además, ha anunciado que continuará con la instrucción de la pieza CATmon-Igman únicamente en torno al delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias en la concesión de subvenciones públicas a ambas entidades. Asimismo, se sumará a las pesquisas un clonado de los teléfonos móviles que la Guardia Civil hizo a varios de los investigados.

La maniobra del juez

La maniobra del juez Aguirre llega después de que la Audiencia de Barcelona, pocos días antes de la entrada en vigor definitiva de la ley de amnistía, le solicitara que pusiera freno a su investigación sobre las presuntas conexiones del independentismo con Rusia. La causa, apuntaba a Carles Puigdemont, al que se le atribuía un delito de alta traición. Sin embargo, con la medida de gracia ya en vigor, el instructor abre nueva pieza separada e implica al expresident de la Generalitat, a su predecesor, Artur Mas; la ex alto cargo del Govern Elsa Artadi, un diputado de Junts (Francesc Dalmases) y al abogado del líder de los neoconvergentes, Gonzalo Boye, así como otra ristra de investigados.

El magistrado entiende, según se desprende de su auto, que existen “indicios más que suficientes” que respaldan la apertura de esta nueva pieza separada orientada a la investigación del vínculo del Kremlin, además de los viajes y “encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades relacionadas” por ellos. Asimismo, sostiene que “habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español” con el fin de “influir” financieramente y en la consolidación de actividades de “desinformación, desestabilización y alteración de la paz social”.

Los documentos

Según se desprende del auto del instructor, los “documentos más relevantes” sustraídos durante los registros del 18 de mayo de 2018 fueron la “agenda y los móviles de Terradellas”. Sobre ello pivota esta nueva maniobra de Aguirre, arguyendo que “siguiendo su contenido y cruzando los datos con el resto de los innumerables documentos incautados en papel y digitales” han permitido el hallazgo de una “abundante cantidad de indicios de los delitos” que se tratan en el escrito judicial.

En este sentido, relata también como desde diversos países de la Unión Europea se “dio la espalda al secesionismo catalán” en un momento en el que sus ánimos de independencia “coincidieron en el tiempo con la política de Rusia”. “Ambos intereses”, continúa el magistrado en su auto, configuraron “el procés como el escenario idóneo de sus mutuos intereses”. Así, sugiere que el proceso separatista fue una “herramienta perfecta” para avanzar en los objetivos estratégicos rusos “contra Occidente”.

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