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El dinero puede dar muchas vueltas, pero no siempre regresa al lugar del que salió. Juan Carlos I ha decidido no continuar, por el momento, con sus planes de reclamar los 65 millones de euros que donó a Corinna Larsen en 2012. La demanda, que sus abogados preparaban contra la empresaria alemana y el letrado suizo Dante Canonica, no ha llegado a presentarse, según la información publicada por El País.
La decisión pone fin, al menos de momento, a un nuevo intento del antiguo monarca de recuperar una cantidad que entregó hace más de una década. En abril de 2025, sus abogados anunciaron que estudiaban acciones legales por presuntos delitos contra el honor y fraude. Juan Carlos I consideraba que había sido engañado y quería reclamar hasta 70 millones de euros a Larsen, además de otros 3,5 millones a Canonica.
Sin embargo, el proyecto no ha terminado convirtiéndose en un nuevo enfrentamiento judicial. Según personas del entorno del emérito, algunos de sus allegados le aconsejaron abandonar la iniciativa y evitar nuevos procedimientos. Una recomendación que habría pesado en su decisión de no seguir adelante.
Un regalo que no tenía vuelta atrás
Para entender el origen del conflicto hay que remontarse a 2008, cuando Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El dinero fue ingresado en una cuenta vinculada a la fundación panameña Lucum, cuya gestión estaba relacionada con Canonica. Cuatro años después, en 2012, el entonces rey transfirió 65 millones de euros a Corinna Larsen. La operación se produjo tras el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana, que tuvo importantes consecuencias para la imagen pública de la monarquía española.
La transferencia fue presentada por el abogado de Larsen como un regalo por los cuidados y la atención que esta había proporcionado al monarca durante años. El documento que formalizó la donación establecía que era irrevocable, incluso en caso de fallecimiento del donante o de la receptora. Años después, Juan Carlos I habría querido impugnar aquella operación y recuperar el dinero. Sin embargo, la donación estaba documentada como irrevocable, lo que complicaba sus posibilidades de reclamarla. En este caso, cambiar de opinión sobre un regalo de semejante cuantía no era suficiente para recuperarlo.
La relación entre ambos ya había pasado por los tribunales británicos. En 2023, la justicia de Reino Unido dio la razón a Juan Carlos I y rechazó la demanda por acoso presentada por Larsen. Aquella resolución no resolvió, sin embargo, la disputa sobre los millones transferidos años antes. La posible reclamación también afectaba a Canonica, el abogado suizo que participó en la gestión de la fundación Lucum. Los asesores del emérito estudiaron exigirle responsabilidades por determinadas transferencias, aunque esa vía tampoco ha terminado en una nueva demanda.
Por ahora, Juan Carlos I ha optado por no abrir otro frente judicial. La decisión evita un nuevo proceso que podría haber prolongado una historia financiera que lleva años ocupando titulares. Los 65 millones continúan siendo el centro de una disputa que mezcla una donación privada, estructuras financieras internacionales y una relación personal que acabó en los tribunales. Y, aunque el emérito haya decidido detener su ofensiva, el caso demuestra que algunas decisiones económicas pueden seguir teniendo consecuencias mucho después de haberse tomado.




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