Joaquín Urías: "Si el Tribunal Constitucional mantiene la mayoría progresista anulará la condena al fiscal general"

Joaquín Urías (1968), exletrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla -recientemente recibió amenazas fascistas en la puerta de su despacho- analiza en declaraciones a ElPlural.com la sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha marcado la actualidad esta semana. Urías habla de una decisión que considera “más política que jurídica”, que “obedece a unos intereses” y que, en última instancia, es una “barbaridad”.

“Es evidente -que algunas veces la Justicia juega con las cartas marcadas-, pero éste no es el único caso. Yo lo conecto con lo que pasó en el procès o con Alberto Rodríguez”, estima en una conversación en la que su protagonista explica por qué no aún no se ha redactado la justificación o los pasos que puede seguir el afectado a partir de este momento.

PREGUNTA (P): ¿Qué opinión le merece la condena?

RESPUESTA (R): Es más política que jurídica. De hecho, que no se haya publicado la argumentación demuestra que lo importante para el Tribunal Supremo era la decisión. Han venido a decir que ya veremos cómo lo justifican, pero por ahora esto es lo que se ha decidido.

P: ¿A qué se debe que no conozcamos todavía la sentencia? Tengo entendido que no es muy habitual.

R: Pasa algunas veces con los tribunales constitucionales cuando existe algún matiz que no se ha terminado, pero por lo general es una mala práctica. Si llegas a una conclusión es porque has argumentado por escrito, si concluyes y dices ‘ya veremos cómo lo argumento’ es lo contrario a lo jurídico. En lo político uno decide y después inventa una argumentación para vestir una decisión y que parezca jurídico, pero no lo es.

P: ¿Cuándo podremos leer el razonamiento?

R: No lo sabemos. No sabemos nada, ni siquiera si han empezado a redactarla. En cualquier caso, es muy chocante que sepamos a qué conclusión ha llegado el tribunal, pero ni el propio tribunal sepa cómo ha llegado a esa conclusión.

P: ¿Qué explicación pueden aportar para dotarlo de un mínimo de sentido? Se elucubra con la nota de prensa.

R: No sabemos por dónde va a ir la sentencia. El tribunal publica el fallo, ante el fallo hay un montón de críticas, y el tribunal en función de por dónde vayan las críticas hará su sentencia (…) Decir a quien habla ahora que no puede porque no hay nada redactado es una forma de acallar las críticas.

Todo parece indicar que va a ir en la línea del juez instructor, que algunos de los miembros del tribunal ya lo ratificaron. Esta línea es que el principal indicio es que borró los correos, y eso es una barbaridad porque usan como prueba que no hayas dejado pruebas.

Es como si robas con guantes y dicen ‘como llevabas guantes, quiere decir que no querías dejar huellas dactilares, por tanto, es como si las hubieras dejado’.

P: ¿Esta decisión puede provocar, si no lo está haciendo ya, una desafección ya no jurídica, sino social, en la justicia española?

R: El TS nos está pidiendo que comulguemos con ruedas de molino. Nos pide que confiemos en los tribunales al mismo tiempo que publica una sentencia que no tiene argumentación, que apoya persecuciones políticas, que se niegan a aplicar la ley como hicieron con la malversación…

Hay una parte del país que queremos creer en la justicia y tenemos a los propios jueces haciendo todo lo posible porque no lo hagamos (…)

Hay una parte del país que queremos creer en la justicia y tenemos a los propios jueces haciendo todo lo posible porque no lo hagamos

P: ¿Tiene la justicia las cartas marcadas?

R: En algunos asuntos sí, sin duda. En esta sentencia es evidente, pero no es la única. Yo lo conecto con lo que pasó en el procès, con Alberto Rodríguez, etc.

El Supremo en estos casos no está sujeto a la ley, sino a otros intereses y la ley no es su límite

P: ¿Cuáles son los pasos que puede seguir ahora García Ortiz? Puede recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no?

R: Entramos en una situación un poco complicada. Seguramente acuda, en efecto, al Tribunal Constitucional; si no cambia su composición no sería disparatado pensar que le daría la razón al fiscal (…)

Y Si la composición cambia, entraríamos en una dinámica en la que cada tribunal solamente diría lo que interesa a su manera de pensar y nos olvidaríamos de la argumentación jurídica (me da igual que sea al Constitucional que el Supremo).

Es decir, si recurre y todavía hay mayoría progresista no tengo ninguna duda de que van a anular la decisión del Supremo, y si hay mayoría conservadora no tengo ninguna duda de que la van a mantener.