El mundo de la justicia se revela contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Voces de prestigio han querido mostrar su malestar por una decisión que llega sin texto que la explique y que la única explicación que tendría mínima, dicen rostros reconocidos del mundo jurídico, carece de sentido.

En esta línea se ha pronunciado, por ejemplo, el portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que se ha mostrado muy contundente tanto en los espacios en los que ha hablado entendiendo como tales medios de comunicación como en las redes sociales.

Unanimidad entre voces conocidas

En su perfil de X, antiguo Twitter, Bosch deja claro que los jueces en activo tienen limitaciones en la libertad de expresión, y continúa con este dardo: “Algunas son razonables, para salvaguardar la imparcialidad (…) Por eso los magistrados jubilados ahora pueden decir lo que antes no podían”. “Si yo dijera todo lo que pienso, me expulsarían todas las semanas”.

A él se suma, por la misma vía, la que fuera delegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, quien añade en respuesta al magistrado que siempre se encuentran “en el equilibrio de esta cuerda tensa entre potestad disciplinaria del CGPJ y nuestro compromiso con acercar justicia a la ciudadanía y emitir nuestra opinión jurídica en casos relevantes”. Y apostilla: “Con algo de envidia del estatus de jubilados/as”.

La sensación de desamparo por parte de la Justicia es general. A los nombres señalados hay que sumar, entre muchos otros, el del que fuera letrado del Tribunal Constitucional (TC), y ejerce actualmente como profesor de Derecho en la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, que en una entrevista reciente a ElPlural.com con motivo de la actualidad califica como una decisión “más política que jurídica” la que acaba de tener lugar.

“El Tribunal Supremo nos está pidiendo que comulguemos con ruedas de molina. Nos pide que confiemos en los tribunales al mismo tiempo que publica una sentencia que no tiene argumentación, que apoya persecuciones políticas, que se niegan a aplicar la ley (…) Hay una parte del país que queremos creer en la justicia, y tenemos a los propios jueces haciendo todo lo posible porque no lo hagamos”, indica.

Absolutamente descontento, considera que el algunos casos el Alto Tribunal juega con las cartas marcadas y que “no está sujeto a la ley, sino a otros intereses”. “La ley no es su límite, ha ocurrido en este caso, pero no es único, pasó con el procès o con Alberto Rodríguez”, acentúa.

Manifestación frente al Tribunal

La semana comienza como terminó la pasada, cuando centenares de personas se manifestaron su parecer frente a la entrada principal de la sede del Tribunal Supremo en una concentración improvisada en defensa de la inocencia del fiscal general del Estado.

Bajo una sensación clara de lawfare, al lugar acudieron también entre otros el exjuez Baltasar Garzón o la predecesora de García Ortiz, Dolores Delgado. El primero se pronunció asimismo en los micrófonos de RTVE, donde habló de unas protestas “solidarias” a las que se sumaron “mucha gente indignada”. Garzón exigió junto a sus compañeros de profesión y parte de la población civil una justicia “que sea clara, justa y, sobre todo, comprensible” y “que en este caso no lo es”, aseverando que se trata de una condena “injusta” y “arbitraria”. Y por supuesto, solicita conocer los motivos de la misma porque lo contrario supone un “desasosiego para el sistema democrático”.

Por su parte, más allá de que miembros del Gobierno central ya lo habían hecho, más adelante se pronunciaba el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien “lamenta” el fallo de la Sala, si bien asegura que tanto él como su equipo lo respetan y acatan. A continuación, apuntaba hacia un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), si bien en Moncloa están centrado en el relevo de García Ortiz.

Con todo, es bastante posible que García Ortiz acuda a este otro órgano jurídico, en cuyo caso todo dependería del momento en que se pronunciase y la mayoría de la que dispusiese en ese momento. En la mencionada conversación de Urías con este medio lo explicaba de la siguiente manera: “Si recurre y todavía hay mayoría progresista no tengo ninguna duda de que van a anular la decisión del Supremo, y si hay mayoría conservadora, no tengo ninguna duda de que la va a mantener".