La imputación de Zapatero opaca declaraciones de Púnica, Kitchen y los audios de Villarejo

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, que investiga la asignación y el destino del dinero (53 millones de euros) del rescate concedido a la aerolínea durante la pandemia de la Covid-19, es el acontecimiento judicial del año. La decisión de José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional que señala al socialista como jefe de la trama, constituye un hecho histórico, pues es la primera vez que sobre un presidente del Gobierno pesará la condición de investigado en toda la democracia, pese a no ser el primer salpicado por los escándalos judiciales.

Esta situación, más allá del combustible que arroja a la habitual pugna sostenida por el Partido Popular (PP) y los socialistas (PSOE), ha tenido también efectos colaterales en otras causas judiciales, sobre todo en lo que a foco mediático se refiere. Esta semana estaba marcada en los calendarios de los periodistas dedicados a la materia por la amplia actividad que se está sucediendo en los tribunales, pero todo ha saltado por los aires después de que se le atribuya a Zapatero, quien comparecerá el 2 de junio, los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Kitchen y los audios de Villarejo

Mientras esto se producía, el comisario de la Policía Nacional Enrique García Castaño declaraba en juicio de la Operación Kitchen, trama político-policial montada durante el Gobierno de Mariano Rajoy para destruir las pruebas de corrupción que estaban en poder de Luis Bárcenas, extesorero del PP. Todo el juicio ha sido retransmitido en directo hasta que le ha tocado testificar a García Castaño, pues la jueza Teresa Palacios ha decidido cancelar el streaming debido a que durante su declaración se han emitido audios del también comisario José Manuel Villarejo.

Esto significa que tan solo los periodistas acreditados podían escuchar los audios del juicio y trasladarlos, a posteriori, a la opinión pública. Un trabajo que llevan haciendo semanas los profesionales mediáticos, pero que se ha visto alterado por la imputación de Zapatero que, debido a la magnitud de la información, ha copado su trabajo. Entre otras cosas, el comisario ha declarado que la secretaria general del PP en 2013, María Dolores de Cospedal, manifestó "interés" por los "famosos" discos duros y la información que pudiera albergar Bárcenas sobre el PP.

Una declaración que cierra más el cerco sobre Cospedal, a quien libró de la imputación el conocido Manuel García-Castellón, quien decidió excluir de la causa los audios en los que la número tres del PP y Villarejo hablaban de “la libretita”. Varios días ha estado declarando García Castaño, pero su importante aportación ha quedado soterrada por la causa Plus Ultra. Una suerte a nivel político y mediático para los imputados y para el propio Partido Popular (PP).

Púnica y el PP de Aguirre: declara Granados

Algo similar ha sucedido con la Operación Púnica, que salpicó al Partido Popular de Esperanza Aguirre y a su Gobierno, incluyendo a múltiples de sus discípulos. Esta semana se está juzgando tras 13 años de retraso la pieza Waiter Music, la promotora musical con la que se cerraban contratos de conciertos en municipios madrileños gobernados por el PP, y ha declarado el más conocido de la causa, el ex consejero Francisco Granados.

Sin embargo, esta cita, también para goce del Partido Popular y de los afectados, ha pasado a un segundo plano y el propio Granados se ha permitido bromear cuando llegaba a declarar, aludiendo a Zapatero. El caso no es menor, pues 13 acusados se enfrentan a elevadas penas de cárcel (dos a seis años de prisión por prevaricación, malversación o fraude) por, presuntamente, inflar los costes en las facturas de contrataciones musicales para, posteriormente, repartirse los sobrecostes.  

En esta pieza separada se investiga la contratación con la mencionada compañía, encargada de eventos musicales, por parte de 47 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid entre los años 2004 y 2014, una década en la que se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas, a través de varios contratos adjudicados a diferentes compañías mediante los que se habría incurrido en una suerte de comisiones, fiestas de varios dirigentes, ediles, mítines y actos del PP.

El caso tiene, además, ramificaciones en la Comunidad de Madrid porque Granados habría garantizado que la propia Autonomía contratara a Waiter Music para eventos institucionales durante su etapa como consejero de Transporte, Presidencia y Justicia. Un caso de corrupción más que afecta al PP, en este caso al de Aguirre y sus ranas, y que se juzga más de una década después, pero que ha pasado a un segundo plano por la imputación de Zapatero.