La sentencia del caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sigue generando reacciones entre las partes. El condenado a nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa ya había anunciado que recurriría la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz y, ahora, ha sido una de las acusaciones la que ha comunicado que seguirá los mismos pasos y elevará el caso a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La asociación ultraderechista Hazte Oír ha tomado esta decisión al considerar que el hermano del presidente del Ejecutivo cometió, además de la prevaricación, un delito de tráfico de influencias. Por este motivo, solicita que se le imponga una pena de seis años de cárcel basándose en que las decisiones que se tomaron en relación a las plazas investigadas estuvieron influidas para ofrecer un trato de favor a quienes finalmente fueron beneficiarios.

Hazte Oír entiende que existió un “concurso medial” para que David Sánchez accediese al puesto de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, pasando posteriormente a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Por ello reclaman la pena de prisión y exigen la devolución de los salarios que percibió entre julio de 2017 y mayo de 2025, que ascienden hasta los 340.500 euros. Asimismo, la asociación ultraderechista reclama que se condene al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a cuatro años de cárcel, además de a los 18 años de inhabilitación ya impuestos.

Pese a que el tribunal de primera instancia lo ha descartado, Hazte Oír sigue sosteniendo la tesis de que las plazas fueron creadas a medida para David Sánchez, modificadas y adjudicadas posteriormente, pese a que en ese momento su hermano no ostentaba ni siquiera el cargo de dirigente del PSOE. No obstante, esta tesis también la compró la Audiencia Provincial: "Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".

"El cambio de nomenclatura de la plaza anteriormente indicada en el año 2022 para pasar a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas en lo que supuso una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección, suprimiendo la incompatibilidad del mismo con el propósito de adaptarla a las apetencias personales", añadió el tribunal. Una tesis que la defensa de David Sánchez siempre ha negado y que considera que no se ha probado.

Más allá de la veracidad o no de estas acusaciones, la Audiencia de Badajoz consideró que no estarían sujetas al delito de prevaricación que Hazte Oír reclama "por falta, tanto de concreta descripción de los hechos en que consistiría la acción de prevalimiento o de presión ejercida sobre los responsables de la creación, adjudicación y modificación de las plazas, descripción esta que correspondería a las acusaciones; como de acreditación de dichas conductas".

Sin embargo, la representación legal de la asociación ultra considera que lo acontecido si puede enmarcarse en este delito porque, según su tesis, el hermano del presidente conocía el resultado de un concurso antes de celebrarse la entrevista y concurrió a un proceso diseñado para su persona. “No es un aspirante pasivo: es el eje en torno al cual gira el procedimiento", aseveran, asegurando que sin información previa privilegiada y la simulación de concurso no habría accedido al puesto.

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