El delirante auto con el que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin aportar ninguna prueba ni presentar indicios sólidos, más allá de “presumibles” e infundios, ha revelado las anexiones de las diferentes partes de la judicatura. El juez ha comprado por completo el marco acusatorio del novio de Isabel Díaz Ayuso y defraudador confeso, Alberto González Amador, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha ido un paso más allá.
Los juristas conservadores no han titubeado y han pedido seis años de cárcel y doce de inhabilitación para el fiscal general por haber desmentido el bulo emitido por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en connivencia con El Mundo. Información falsa que, además, había transcendido y estaba en manos de los medios de comunicación, tal y como evidencian los testimonios periodísticos y las pruebas notariales, antes de que la Fiscalía solicitase siquiera el intercambio de correos para combatir el movimiento del bando ayusista.
Del otro lado de la verja, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) no ha tenido otra que mostrar si estupefacción ante el movimiento de APIF. “Estupor, asombro e indignación por el hecho de que una asociación de fiscales, cuya personación en la causa ya resultaba difícilmente entendible hasta por sus propios asociados, solicite para dos compañeros penas que exceden notablemente de las pedidas por la representación del propio afectado por la supuesta filtración, máxime tratándose de hechos que saben que no van a poder demostrar en el juicio”, recoge el comunicado publicado por los fiscales progresistas en la noche de este jueves.
APIF, el brazo duro del novio de Ayuso
La asociación conservadora, personada como acusación popular, no se ha detenido en García Ortiz. Pide también cuatro años de cárcel y doce de inhabilitación para la otra encausada por Hurtado, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los conservadores acusan a ambos de una revelación de secretos contra González Amador por la presunta filtración porque consideran que “se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos”.
“Utilizaron los mecanismos que tenían a su disposición para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de ganar un relato. Es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional”, añaden con dureza. No obstante, más allá de estas grandilocuencias, lo más sorprendente es que solicitan más años de prisión para el fiscal general que incluso la propia acusación particular, la del novio de Ayuso, que reclama cuatro años de prisión.
“Su actuación pone de manifiesto una motivación muy alejada de la propia justicia, lindando, si no adentrándose decididamente, en terrenos de las motivaciones subjetivas e interesadas”, exponen la evidencia los fiscales progresistas. No obstante, estos aseguran confiar en la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, de la que esperan que “acoja los recursos interpuestos contra el auto de procedimiento abreviado y acuerde el archivo de la causa”, lo que consideran “única resolución acorde con el resultado de instrucciones practicadas”.
Pero a los conservadores no parece importarles y salen descaradamente en defensa del novio de Ayuso, pese a que se enfrenta a cargos por delitos de fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. En APIF están preocupados porque la supuesta filtración de los correos, que no la comisión de los delitos que confiesa en estos correos, "afectó notablemente a la reputación González Amador, ya que, a raíz de la divulgación de dicha información, en determinados medios y ámbitos se le llamó defraudador o delincuente confeso, cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera".