El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, insiste en su inocencia en la causa por la presunta filtración del correo en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconoce la comisión de dos delitos fiscales y ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo reclamando su absolución completa y denunciando que el caso es fruto de una “campaña orquestada” por parte del defraudador confeso y Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para combatir el juicio paralelo por los delitos fiscales y desviar el foco de la barones del Partido Popular (PP).
El escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, consta de 40 páginas, pero en apenas cuatro el fiscal general se ha bastado para tirar por tierra la tesis de partida de González Amador. Y es que el propio abogado del novio de Ayuso remitió el correo de conformidad penal con los delitos fiscales hasta a 17 personas, algunas de ellas ajenas al ámbito judicial, antes incluso de que el propio García Ortiz tuviese consciencia de la causa. Esto significaría que la propia defensa, en su intento por asumir los delitos y alcanzar un acuerdo, habría “roto unilateralmente cualquier supuesta confidencialidad”.
Sucesión de los acontecimientos
Antes de llegar a este punto se produjeron una serie de actuaciones rutinarias que relata el fiscal y que evidencian la inexistencia de persecución contra la pareja de la líder del PP madrileño. En enero de 2024, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) remitió a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid un informe, fruto de un procedimiento rutinario de inspección tributaria, que señalaba dos posibles delitos (2020 y 2021) por un fraude conjunto de 350.951 euros en la liquidación del Impuesto de Sociedades de la empresa Maxwell Cremona, de la que González Amador es socio y administrador único.
El 23 de enero de 2024, se incoaron las diligencias de investigación procesal, asignadas al fiscal Julián Salto. “En ese momento, ningún responsable de la Fiscalía conocía la relación entre González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid”, asegura el fiscal general. Tres días después, estas diligencias se comunicaron al novio de Ayuso. “En cuanto recibió dicha comunicación, González Amador se puso en contacto con su abogado, Carlos Neira, y le expresó su preocupación por la repercusión que los hechos, de hacerse públicos, podrían tener para la presidenta”, apunta García Ortiz.
Un acuerdo judicial para evitar un prejuicio político a Ayuso
Es en este punto, después de comunicarle a su cliente la posibilidad de alcanzar un pacto si reconocía los delitos, que el abogado del novio de Ayuso incurre en el error que desmonta la causa. González Amador autorizó a Neira a alcanzar un acuerdo “para evitar un prejuicio político a su pareja sentimental” y no iniciar un proceso penal y el letrado decidió dar este paso escribiendo a una dirección de correo genérica a la que tienen acceso más de una decena de personas.
El abogado escribió a la cuenta genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid y a su Fiscal Decana un correo con el asunto “propuesta de conformidad en relacional penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública”, con un PDF adjunto con la conformidad, y en el que comunica que su cliente, González Amador, tiene la “voluntad firme” de alcanzar un acuerdo “reconociendo íntegramente los hechos”. Es más, refleja que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública” y que se quiere “resarcir el daño” pagando lo defraudado más intereses. Este correo pudieron verlo 16 personas.
Tal y como relata el fiscal general, 12 fiscales y 4 funcionarios tienen acceso al correo genérico elegido por Neira, por lo tanto, pudieron leer la información y disponer libremente de ella. Por si fueran pocas 16 personas, el abogado del novio de Ayuso reenvió el correo también a un abogado del Estado que no tenía nada que ver con la causa, convirtiendo en 17 las personas que tenían acceso al correo en el que se reconocen los delitos de González Amador. “Neira rompía así, unilateralmente, cualquier supuesta confidencialidad del correo”, expone García Ortiz.
Es más, el fiscal general apunta que “se ignora a cuantas personas pudo enviar Neira el correo electrónico”, duda razonable a tener en cuenta al quedar demostrada la ligereza con la que el letrado difundía el PDF de la conformidad de González Amador con los delitos imputados. En definitiva, 12 fiscales, 4 funcionarios y un abogado del Estado, 17 personas de las que se tenga seguridad, tuvieron acceso el correo en el mismo momento que se envió, antes incluso de que García Ortiz tuviese consciencia de esta investigación.