Esta última semana estallaba una auténtica bomba de relojería al conocerse que la Audiencia Nacional había pasado por alto documentación sensible de la denominada Operación Kitchen tales como informes o audios que, en el última instancia libraron de eximieron de cualquier responsabilidad a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
ElPlural.com ha tenido acceso a algunas de las conversaciones que se desarrollaron entre la que fuera presidenta de Castilla-La Mancha y el comisario José Manuel Villarejo y que no solo ponía contra las cuerdas a una de las personas fuertes de Mariano Rajoy, sino que aireaban trapos sucios dentro de la formación conservadora y dejaba al descubierto relaciones mediáticas.
El PSOE denunciaba en las últimas horas que el organismo jurídico ocultase una información que se antojaba a todas luces esencial para que el procedimiento hubiera avanzado con normalidad. De hecho, la propia Policía Judicial lo estimaba clave para el devenir de la investigación. Sin embargo, se está conociendo gracias a los medios de comunicación.
Con todo, puede que el modus operandi no sorprenda tanto si se atiende a los jueces que se situaron al frente de la pieza separada que durante dos años permaneció prácticamente invisible: Manuel García-Castellón y Antonio Piña.
García Castellón
Seguramente más reconocido sea el nombre del primero, que terminó haciéndose cargo de la instrucción de los casos Púnica y Lezo, ambos determinantes para el futuro del PP. Asimismo, instruyó los Caso Tándem o Tsunami Democràtic, que terminó recibiendo un empujón procesal que lo llevó hasta el Tribunal Supremo (TS) coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez. También intentó instruir una DP contra una supuesta financiación irregular de Podemos que terminó archivándose por orden de la Sección 3ª de la Audiencia Nacional.
Además de estas causas, a lo largo de su trayectoria García Castellón procesó a inicios de su carrera judicial a nueve médicos y ATS de una clínica vallisoletana por supuestamente practicar “abortos ilegales y falsificación de documentos públicos”. El centro tenía la correspondiente autorización para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.
Promovido durante los gobiernos de José María Aznar para ocupar la secretaría de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, trabajó en Francia e Italia y ya entre 2017 y 2024 ejerció como juez instructor de la Audiencia Nacional. Entre sus hitos judiciales se encuentran los archivos de Púnica, Lezo o la propia Kitchen, que abarcan a más de 270 investigados.
El turno de Antonio Piña
Tras la salida forzosa de García Castellón del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin grandes anuncios nombró a Antonio Piña Alonso como su sustituto a sabiendas de que era un candidato perdido en la mitad del escalafón judicial y un activista de la APM.
Habiendo operado dos décadas en Galicia, salta a la Audiencia en un movimiento que no parece casual; el PP apoya más a APM y Alberto Núñez Feijóo lo nombró en 2012 vocal del Consejo Rector de la Escuela Gallega de Administración Pública.
A su trayectoria la emborronan dos expedientes disciplinarios por dos faltas muy graves: una por haber dictado una resolución que afectaba al juzgado del que había sido titular cuando ya llevaba semanas como responsable máximo de la Audiencia y otra por haber sido nombrado vocal del consejo rector de la Escola Galega de Administración Pública del 2012 al 2015 a pesar de no haber solicitado autorización.
Entretanto, archivó causas que había abierto contra familiares del PSOE aunque, lo más llamativo es que tras coger el relevo de la Kitchen, también hace caso omiso a la documentación sensible. Más concretamente, los documentos de los que hablaba la Unidad de Asuntos Internos (Oficio UAI) 334/23 son de 27 de octubre de 2023 obedecen a “18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esta valoración que pedía el policía nunca se hizo.