La Fiscalía ha presentado, este miércoles, su escrito de conclusiones referido al caso de Begoña Gómez, acusada de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público ha reclamado la absolución de la mujer del presidente del Gobierno, como ha hecho en anteriores ocasiones, antes de que comience el juicio con jurado popular en el que ha desembocado la polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado, jubilado tras su último servicio.
El fiscal, según ha adelantado la Cadena Ser, considera que no existen indicios de delito en la actividad de Gómez y su asesora Cristina Álvarez, en relación con una catedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Para defender esta tesis, la Fiscalía solicita la declaración de treinta testigos y se apoya en que el trabajo de Gómez en la universidad comenzó en 2012, seis años antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa.
Ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente
La mujer del presidente habría cobrado, por sus actividades académicas, 40.000 euros durante el largo periodo de tiempo, lo que deriva en una cuantía media mínima que, además, no está relacionada con la cátedra. "La universidad ha suscrito numerosos convenios de creación de cátedras extraordinarias, sin exigencia de acreditación de títulos o currículum vitae de ningún tipo, con entidades, asociaciones, empresas y grupos de muy heterogéneos y sobre sobre temáticas muy variadas, y con entidades, asociaciones o personas de muy diversa condición y procedencia", defiende la Fiscalía la herramienta académica.
El Ministerio Público va más allá y apunta tesis que fuero descartadas por Peinado, como que "ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente de estas actividades, ni consta que la Universidad Complutense haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas". Asimismo, en lo referido a las empresas que patrocinaban la clara, destaca que tampoco “obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado".
En sentido contrario, el juez instructor siguió una línea que posibilitase la apertura de juicio. Según Peinado, Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico". Apoyándose en esto, y de cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.