La Fiscalía investiga un posible uso ilegal de agua en el campo de golf de La Moraleja y el silencio político sacude Alcobendas

Entre los chalés y avenidas arboladas de La Moraleja, donde el metro cuadrado vale más que en ningún otro rincón del país, la Fiscalía ha puesto el foco sobre un campo de golf que podría estar extrayendo agua del subsuelo sin permiso. La investigación sobre Golf Park, tal y como apunta ‘El País’, impulsada por la denuncia de una asociación ecologista, apunta a posibles pozos ilegales en terreno público y a la pasividad del Ayuntamiento de Alcobendas ante un consumo de recursos hídricos difícil de justificar en plena crisis climática.

El complejo, que ocupa varias hectáreas con nueve hoyos, pistas de pádel y zonas de ocio, forma parte del paisaje cotidiano de una de las urbanizaciones más exclusivas de España. Pero bajo su césped, según sospecha el ministerio público, podría esconderse una práctica irregular: captaciones ilegales de agua subterránea y excesos en los sondeos autorizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

El caso se abrió a raíz de una denuncia presentada por la asociación Ecología y Libertad, que asegura haber detectado extracciones de agua sin autorización. La organización, alertada por vecinos de la zona, solicitó información a distintas administraciones en virtud de la Ley de Transparencia. Su investigación les llevó a concluir que el campo necesita más de 29.000 metros cúbicos anuales para mantener sus 5,5 hectáreas de césped, cuando solo tiene permiso para extraer 7.000.

El escrito fue remitido en junio a la Fiscalía General del Estado, que lo trasladó a Madrid, donde el fiscal Javier Sarría Pueyo abrió diligencias en verano. Fuentes del ministerio público confirman que el caso está ya en manos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, encargado de realizar las comprobaciones sobre el terreno.

“Existen indicios suficientes de la existencia de pozos o sondeos ilegales”, señala la denuncia, que identifica al menos dos captaciones irregulares en el entorno de las instalaciones. Según Ecología y Libertad, parte del riego se estaría realizando desde pozos no inscritos ni autorizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Más Madrid exige explicaciones a la alcaldesa

El escándalo ha abierto un frente político en Alcobendas. El grupo municipal Más Madrid intentó registrar una petición de comparecencia de la alcaldesa Rocío García Alcántara (PP) en el Pleno para que explicara las presuntas irregularidades medioambientales, pero no logró los apoyos suficientes. Según el partido, ni el PP ni el PSOE quisieron respaldar la iniciativa.

“No podemos consentir que terrenos municipales catalogados como zonas verdes y de acceso libre sean explotados para uso y beneficio privado”, denuncia el concejal Mariano Cañas, de Más Madrid. El edil asegura que el PSOE les respondió que “necesitaban más tiempo para estudiar el tema”, pese a disponer de la misma información desde hace más de dos meses.

Más Madrid recuerda además que fue el PSOE quien concedió la parcela municipal a la empresa Golf Park hace 28 años, y critica su silencio actual: “No pueden fingir que esto no va con ellos, o que necesitan estudiarlo. Solo les hemos pedido que nos apoyen para poder preguntar al PP sobre estas irregularidades”, sostiene Cañas.

El origen de la denuncia y el papel de Ecología y Libertad

Según ‘El País, la asociación Ecología y Libertad, autora de la denuncia, lleva más de un año investigando el uso del agua en el campo de golf, tras recibir alertas de vecinos de la zona. El colectivo solicitó información a distintas administraciones mediante la Ley de Transparencia, constatando que nunca se ha ejecutado la obligación de regar con aguas regeneradas procedentes de la depuradora de Arroyo de la Vega, una condición impuesta en la autorización ambiental del proyecto y reiterada por la Comunidad de Madrid en 2014.

La Confederación Hidrográfica del Tajo asegura que el riego con aguas de esa depuradora no está permitido y que no consta autorización alguna para su uso por parte de Golf Park. La entidad recuerda además que ya existen dos sanciones previas, de 2005 y 2013, relacionadas con captaciones ilegales de agua vinculadas a la empresa.

El caso de La Moraleja reabre el debate sobre el uso intensivo de agua en los campos de golf de la Comunidad de Madrid, una cuestión que lleva años generando controversia entre administraciones y organizaciones ecologistas. Según datos del propio Canal de Isabel II, once instalaciones deportivas riegan unas 789 hectáreas con aguas reutilizadas, aunque el informe no precisa cuáles ni qué volumen total de recursos consumen realmente. Esta falta de transparencia ha sido motivo de reiteradas quejas por parte de entidades como Ecologistas en Acción o Ecología y Libertad, que denuncian que el control público sobre el uso del agua en este tipo de complejos privados es “insuficiente” y “opaco”.