La Fiscalía de Medio Ambiente ha imputado a Juan José Franco Suelves, hijo de Francisco Franco Martínez-Bordiú y bisnieto del dictador Francisco Franco, por matar corzos ilegalmente mediante la manipulación de los precintos de caza, según lo publicado por El Confidencial. Recién casado con Khali El Assir, hija de un traficante de armas en busca y captura por la Justicia española, Abdul Rahman El Assir, Franco está acusado de delitos de falsedad documental continuada y contra la flora y la fauna por esta práctica, mientras, por su parte, la Guardia Civil, a través del Servicio de la Protección de la Naturaleza (Seprona), lo ha implicado en una red de cazadores furtivos.
El núcleo de esta supuesta trama se situaría en un centro de taxidermia de la localidad madrileña de Móstoles, pese a que su ámbito de actuación se extendería por casi todo el territorio nacional. La nombrada como operación Ro3buck por la Guardia Civil se encuentra en proceso de instrucción en el Juzgado Número 3 de Móstoles, el cual investiga a empresas de servicios cinegéticos y hasta 23 personas.
El contenido del sumario consultado por el mencionado diario constata que la red de furtivos, con el objetivo de reutilizarlos ilimitadamente, habría modificado los precintos oficiales necesarios para obtener la autorización de cazar un único animal por cada uno de ellos. El procedimiento ilegal llevado a cabo por este grupo le habría posibilitado matar todas las presas a su discreción, incluso fuera de temporada, además del ahorro de las respectivas tasas. En el caso de los corzos, una licencia cuesta hasta 2.000 euros en el mercado legal y, respecto a los machos monteses, puede ascender a los 15.000 euros.
Cinco precintos supuestamente manipulados por Franco
En el transcurso de la investigación, el Seprona encontró 123 precintos presuntamente manipulados correspondientes a distintas especies en el interior del centro de taxidermia de Móstoles. De todos ellos, la sección de la Guardia Civil ha vinculado por lo menos cinco a Juan José Franco Suelves, uno de los bisnietos del militar golpista Francisco Franco que es aficionado a la caza y consejero delegado de una compañía, Huntser, dedicada a la tramitación de licencias y cotos cinegéticos en España, Argentina, Rumanía y países de África.
Según el mismo medio citado anteriormente, una de las licencias relacionadas con Franco pertenece a un corzo que supuestamente fue cazado el 29 de septiembre de 2020 en una finca del municipio segoviano de Sebúlcor. Los investigadores del caso han averiguado que el bisnieto del dictador utilizó ese mismo precinto para declarar ante la Junta de Castilla y León la muerte de otro animal el 23 de julio del mismo año. También constan en el registro autonómico con fecha de 1 de septiembre de 2020 un precinto de un corzo que presuntamente mató en otra localidad segoviana, Sepúlveda, el 1 de noviembre de 2020 y otro casi dos meses después descubierto en el centro de taxidermia y fuera de la "temporada del corzo macho", el 28 de diciembre en Valdenebro, Soria.
Juan José Franco Suelves posee varias infracciones administrativas por "desobediencia o resistencia a la autoridad", incumplimiento de la "normativa sobre armas" y "animales de compañía" e irregularidades relacionadas con el reglamento de caza, por lo que los investigadores han añadido al sumario sus antecendentes penales. Aparte del bisnieto del dictador Francisco Franco, otras 22 personas se encuentran imputadas en el procedimiento, entre ellas, el XII marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, quien es uno de los mayores propietarios de cotos de caza en España y presidente de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. Además, la causa suma a esta lista de investigados a una empresaria y accionista de una de las armerías más importantes de Madrid, Beatriz Fernández de Córdoba Ruiz de Ocejo; Juan Bautista Hurtado de Amézaga Hamparzoumian, vinculado a las bodegas Marqués de Riscal; y varios gestores cinegéticos, empresarios, abogados, un veterinario, un exempleado de banca y el ganador del segundo trofeo de jabalí con mayor puntuación de la historia de España.
La red de cazadores furtivos revendía a terceras personas los precintos presuntamente manipulados de manera ilegal, lo que provocaba un mercado clandestino para cazar un corzo por solo 1.000 euros y un macho montés por 3.000, unas cantidades muy inferiores a las del mercado legal. Según las diligencias del caso, a las que ha tenido acceso el periódico referido, "tras el abatimiento de piezas de caza mayor, se utilizan precintos reutilizados de caza alterados/manipulados con la intención de justificar la lícita caza y el transporte de los mismos, obteniendo así un beneficio económico" que recibieron los acusados.