La Fiscalía Europea ha citado a Begoña Gómez. Pero declarará en calidad de testigo y no de investigada, un dato importante dado que sí consta como imputada por la investigación del juez Juan Carlos Peinado.
El magistrado, no exento de polémica, sospecha que a cambio de que Juan Carlos Barrabés le echara una mano para sacar adelanta la cátedra extraordinaria que la mujer del presidente del Gobierno dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) , el empresario se habría beneficiado de cartas de apoyo escritas por ella que podrían haber servido para llevarse contratos.
El trabajo de la Fiscalía Europea
Los fiscales europeos se centran en dos expedientes de la empresa pública Red.es: el de ‘Formación empleo juvenil para la economía digital’ en el que la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Barrabés se hizo con dos de los seis lotes por valor cercano a los 5 millones de euros, sin incluir el IVA: y el de ‘Servicio de formación para personas desempleadas’, del que se le concedió uno de los dos lotes a concurso por importe de 3,6 millones de euros en las mismas condiciones.
Anteriormente, por el mismo punto del ‘caso’, la Fiscalía del continente había citado como testigos a otras personas que habían firmado cartas de apoyo a la oferta de Barrabés ide´tnicas a las que había rubricado Gómez, según informa elDiario.es. Asimismo, en septiembre de 2025 recibió un amplio informe de la Intervención General del Estado (IGAE) acerca de los expedientes que se habían financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo.
El órgano fiscalizador extrajo en sus conclusiones que el hecho de que hubiera ofertas que incluían una carta de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores se corresponde con una decisión “arbitraria” que “excedió la capacidad de decisión discrecional del valorados”, lo cual constituía una “actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica” y terminó beneficiando “a determinados licitadores a los que se incrementó injusta e ilegalmente su puntuación”. Aquí incluía a la UTE Innova Next-The Valley Digital Business School.
Antes de la pericial, Barrabés había pedido una ampliación entendiendo que debía analizar no solo los lotes adjudicados a su UTE, sino también a otros, pero el IGAE dejó para más adelante el asunto.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por su parte, indicaba en un informe de 2024 que “la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.
Así se llega a mayo de 2025, cuando otro informe del IGAE, esta vez presentado a petición del magistrado y sobre los contratos que seguía analizando su causa, emplazaba que en otro de los contratos adjudicados por Red.es a la compañía de Barrabés lo hizo incumpliendo la norma. Se señaló a otros criterios que dependen de un juicio de valor en las competencias de una valoración subjetiva que tendría que haber hecho un comité de expertos ajeno a Red.es.
Peinado, a contrarreloj
El juez mantiene su investigación, pero a marchas forzadas, a sabiendas de que su jubilación está muy cerca y, en consecuencia, obligación de dejar el caso está muy cerca. Por el momento, en lo que respecta a estas líneas y mientras el magistrado se centra en querer enviar a Gómez ante un jurado popular, la Fiscalía Europea prosigue por su lado.
Tanto la defensa de Gómez como la de su asistente, Cristina Álvarez, han presentado recurso., a la vez que trasciende que el propio Barrabés ha hecho lo propio. “Se parte de un relato que en nada se compadece con la realidad de lo acontecido”, dice, a la vez que recuerda que sí impartió clases en otro máster que también dirigía la encausada, pero que ésto “no es irregular” y que hicieron “otros 164 profesores”. “Es forzada de algo inexistente”, resume sobre la investigación del togado.
La defensa de Barrabés insiste en que, de lo instruido, no existe “ningún indicio sobre la comisión de un delito de tráfico de influencias o de corrupción en los negocios”: “No basta con que dos personas se conozcan, aunque una de ellas tenga una relación de parentesco con el presidente del Gobierno, para admitir la comisión de ilícito alguno por parte de mi representado”.
Hasta el momento, en dos años solo había declarado el empresario en calidad de investigado ante los tribunales europeos después de que el órgano europeo competente solicitara la documentación al magistrado.