La Fiscalía de València ha respaldado formalmente la apertura de una investigación penal contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su posible responsabilidad en la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó gravemente a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. La catástrofe dejó un saldo de 223 fallecidos y cuantiosos daños materiales, lo que ha generado una intensa polémica sobre la actuación de las autoridades autonómicas y nacionales.

Según el escrito presentado por el ministerio público ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y avanzado por El País, la Fiscalía considera pertinente unificar las siete querellas y denuncias interpuestas contra Mazón y la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, así como contra otras autoridades, en una sola causa. Las querellas atribuyen a los responsables políticos delitos como prevaricación, homicidios y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y delitos contra los derechos de los trabajadores.

El TSJCV ya había dictado una providencia el pasado 13 de diciembre en la que señaló que las denuncias versaban sobre los mismos hechos, dando traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que se pronunciara sobre la competencia del tribunal y sobre la admisión de los escritos. En su respuesta, la fiscal María José Montesinos argumenta que las acusaciones parten de la supuesta inacción de las autoridades valencianas, quienes, según los denunciantes, "omitieron el dictado de resoluciones y decisiones que eran de su competencia" pese a las alertas emitidas por distintos organismos. Para los querellantes, la omisión de estas decisiones contribuyó al trágico desenlace.

El escrito de la Fiscalía señala, no obstante, que las denuncias presentan una relación causa-efecto “genérica”, lo que hace necesario investigar de forma exhaustiva la intervención o inacción concreta de cada uno de los denunciados. Por ello, se propone que sea un Juzgado de Instrucción quien lleve a cabo una investigación judicial completa sobre los hechos y delimite las responsabilidades. En caso de hallarse indicios suficientes contra Mazón, su condición de aforado obligaría a elevar la causa nuevamente al TSJCV.

Querellas contra el Gobierno de España

El alcance de las acusaciones no se limita al ámbito autonómico. El Tribunal Supremo tiene registradas al menos nueve querellas contra miembros del Gobierno central por su gestión de la misma DANA. Entre los denunciados figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. A estas autoridades se les acusa de delitos como homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, al tiempo que se les reprocha no haber activado el estado de alarma ni tomado el control de la emergencia.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, también ha sido señalada por una supuesta falta de comunicación y coordinación, en lo que el PP ha calificado como un “apagón informativo”.

Recurso por inacción

Además, por vía contencioso-administrativa, el alto tribunal valenciana tiene registrado otro recurso presentado por un abogado por inacción contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

En este último caso, el recurso estaba a finales de noviembre admitido a trámite y en tramitación y, conforme al artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, se mandó oficio a la Administración demandada para que remitiera los expedientes administrativos.

En otro recurso por esta misma vía, con solicitud de medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, interpuesto por Liberum, la Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV se declaró no competente para resolverlo por ir dirigido contra el Gobierno central, por lo que se inhibió en favor de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.