La Fiscalía General del Estado ha acordado este jueves recabar información sobre las circunstancias de la interceptación de una veintena de embarcaciones de la denominada ‘Flotilla de la Libertad’ cuando se dirigían a Gaza con material de ayuda humanitaria. Esta decisión se ha adoptado en el marco de las Diligencias de Investigación que la Fiscalía abrió el pasado 18 de septiembre con el fin de preservar fuentes de prueba y cooperar con los tribunales internacionales en sus procedimientos sobre las posibles violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos perpetradas por el Ejército del Estado de Israel en Gaza.

Las Diligencias acordadas tienen por objeto determinar el alcance de los hechos y las circunstancias en que se han producido. Para ello se ha solicitado información sobre el pabellón de los barcos afectados, las coordenadas marítimas en las que se ha producido la interceptación, la nacionalidad de las personas que viajaban a bordo de dichas embarcaciones, la naturaleza de la expedición, su cargamento y la posible asistencia consular prestada a los ciudadanos españoles.

Esta nueva investigación viene derivada después de que, el  Estado genocida de Israel haya interceptado ilegalmente a gran parte de los barcos que componían la Global Sumud Flotilla, en la madrugada de este jueves. Centenares de tripulantes han sido detenidos, pese a encontrarse en aguas internacionales, por el Ejército sionista, que ocupa y domina esas aguas contras derecho internacional desde hace varias décadas. El proceso que espera ahora a los presos políticos, en manos de unas fuerzas acostumbradas a desarrollar torturas contra niños, es complejo, tal y como ha explicado su abogado desde España.

Jaume Asens, diputado del Parlamento Europeo y representante legal de la flotilla, ha exigido la liberación de los rehenes aprisionados por Israel y ha detallado los pasos que darán los captores, los cuales conoce al haber dado resguardo legal a españoles de anteriores flotillas. “Primero se les va a interrogar, van a ir a una prisión de servicios de inmigración y luego pueden pasar dos cosas: que haya una deportación rápida o que sea lenta”, ha explicado la disyuntiva en ‘El Intermedio’.

Investigar el genocidio

La decisión se une a la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dio luz verde a una investigación, solicitada por la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, para dictaminar si los actos perpetrados por el Estado de Israel en la Franja de Gaza podrían ser “graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, que, a su vez, constituirían “crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal”. 

El escrito del Ministerio Público, que se lleva perfilando desde el pasado mes de junio, se ha actualizado con las conclusiones de la comisión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que este martes certificó, a través de un documento de 80 páginas, que los actos perpetrados por Israel en la Franja de Gaza constituyen un “delito de genocidio”, además de los elementos que aporta como pruebas.

La fiscal de Sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, expone en su comunicación razonada que se han desplegado diversas acciones desde espacios de justicia internacional como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, de la que España forma parte y a la que España se adhirió a la causa abierta por Sudáfrica ante la Corte. Según el texto del fiscal general del Estado, “apoyando expresamente las medidas cautelares impuestas por la CIJ, España señaló como objetivo respaldar a la Corte y contribuir a aplicar las medidas cautelares obligatorias”.

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