La Fiscalía va a actuar contra aquellas comunidades autónomas que pongan trabas al reparto de menores migrantes no acompañados tras la crisis de Ceuta, como propone Vox hacer al Partido Popular en aquellas regiones en las que gobiernan en coalición. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha publicado un decreto en el que recoge las "pautas de actuación" frente a la situación de contingencia migratoria extraordinaria declarada en la ciudad autónoma.
El objetivo es "garantizar la protección" de los menores, y "asegurar su bienestar y protección, así como una adecuada acogida y la atención inmediata necesaria". Peramato se dirige a los fiscales delegados de menores de las comunidades, a los que recuerda que, en los traslados desde Ceuta, deben "adoptar las medidas necesarias" para "garantizar la atención inmediata necesaria" a los menores.
El control de que esta atención se cumpla corresponde, señala, al Ministerio Público de cada territorio. Para aquellas autonomías que boicoteen el reparto, o "muestren reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de las y los menores", Peramato insta al fiscal delegado del sitio de destino a hacer un requerimiento "con caracter de urgencia", advirtiendo de las "posibles responsabilidades que pudieran deducirse" por el real decreto que hizo ley las condiciones del reparto hace un año.
Ceuta supera por 40 su capacidad de acogida
El aviso llega una semana después de que unas 72.000 personas llegaran a nado a Ceuta, y al menos 147 murieran ahogadas en el intento. Según el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, hay unos 1.100 menores no acompañados en los centros de Ceuta, cuando la capacidad ordinaria de acogida de la ciudad es de 27, es decir, 40 veces menos. Esto obliga a activar el mecanismo para derivarlos a otras comunidades autónomas, que desde el año pasado está regulado por ley. El Gobierno se prepara para iniciar ya los primeros trámites, de cara a que el proceso comience en las próximas semanas o meses; y ahora la Fiscalía da las pautas para garantizar la protección de los menores.
El PP amenazaba con incumplir la ley y oponerse desde las comunidades autónomas que gobiernan –la gran mayoría- a este reparto de niños y adolescentes no acompañados que saturan los centros de Ceuta, pero también los de Melilla y Canarias. Sin embargo, este jueves anunciaron que cumplirán la ley, mientras que desde Vox siguen asegurando que no lo harán y hablan de "cazar o pescar" migrantes.
Desde el año pasado, las comunidades autónomas no pueden rechazar la asignación que se haga, una vez que una de ellas se declare en “contingencia migratoria extraordinaria”. Esta situación se da cuando el número de menores migrantes que acoge supera, al menos por tres, su capacidad ordinaria de acogida. En ese caso, se fija un reparto al resto de autonomías, según la situación que haya en ellas, y se fija un plazo de quince días. Más de 1.750 menores ya han sido trasladados a la Península desde que entró en vigor, lo cual ha ayudado a aliviar parcialmente la saturación de los centros en Ceuta, Melilla y Canarias.
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