Los expertos coinciden en que la filtración de datos personales socava el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia

Esta semana, la investigación sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra ha estado marcada por la filtración de sus agendas. Datos “personalísimos”, en palabras de los expertos con los que ha consultado ElPlural.com, por los que el que fuera líder del Ejecutivo ha pedido la nulidad del caso al entender que los últimos hechos vulneran sus derechos fundamentales.

En las últimas horas quedaban al descubierto aspecto de la vida privada de Zapatero que nada tienen que ver con el objeto de la investigación: desde mensajes con sus hijas hasta cuándo acudía a la peluquería, pasando por citas médicas e, incluso, cuándo iba a clases de inglés.

Lógicamente, se corresponden con cuestiones del ámbito personal que no facilitan en nada la investigación al juez ni guardan la más mínima relación con los hechos que se analizan ni los delitos que se imputan al predecesor de Pedro Sánchez al frente del PSOE.

¿Qué dicen los especialistas?

A tenor de los acontecimientos, este periódico ha contactado con diversos expertos para conocer, más allá de lo que parece evidente, qué dimensión pueden alcanzar cuestiones de este tipo en el devenir de un caso como el que se analiza, que afecta además a un rostro enormemente mediático.

Nada más aparecer publicado en los medios de comunicación que se habían filtrado las agendas de Zapatero, las reacciones no se hicieron esperar. Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, calificaba de “barbaridad” lo que había pasado y añadía el siguiente comentario en su perfil de X: “En los últimos años cada vez que un juez autoriza intervenir las comunicaciones de alguien, se expone a que el mundo entero conozca todos los detalles de su intimidad. Así funciona la justicia española”.

Después, siguió algo activo en redes sociales compartiendo mensajes en esta línea de otros usuarios, como el del periodista Enric Juliana, que decía lo siguiente: “El mensaje es: toda persona sometida a investigación puede ser destruida antes de que se someta a juicio. El que pueda destruir que destruya al hombre que no tenía que haber ganado en 2004. En el Ruedo Ibérico se ajustan cuentas de hace veinte años. Días oscuros, ciertamente”.

En la misma línea se mueven los expertos con los que ha hablado este periódico. El resumen pasa por dos frentes: de un lado, el menoscabo del derecho a la intimidad; y de otro, el riesgo de la presunción de inocencia.

La historia nos recuerda que poco importa a veces el resultado final de un proceso, si a éste la persona o entidad implicada llega degastada. Buen ejemplo de ello es el daño que se hizo a Podemos a través de informes falsos que aparecieron publicados en medios de comunicación, en su caso, con toda una maquinaria de recursos engrasada desde el Ministerio del Interior. A él hacen referencia algunas de las voces que conversan con este periódico, pero no es el único caso.

Sea como fuere, los especialistas coinciden en el prejuicio que pueden tener según qué ‘informaciones’ sobre quienes afectan. José Antonio Martín Pallín, otrora magistrado del Tribunal Supremo, responde de manera contundente a nuestras preguntas. “No solamente socava (los derechos), sino que si todavía hubiese un poco de dignidad democrática en el sistema judicial y en el Tribunal Constitucional, todo eso anularía el juicio”, emplaza, calificando las filtraciones como una “vulneración flagrante de derechos fundamentales”.

En esa dirección habla también el juez Ramiro García de Dios, jubilado hace unos años pero que sigue muy de cerca la actualidad de tribunales como ciudadano y como miembro de Juezas y Jueces para la Democracia.

Avalándose en la experiencia, señala que “los jueces de instrucción tienen la responsabilidad de depurar, sacar de la causa todo lo que carece de relevancia penal y afecta a datos íntimos, bien del investigado, bien de terceros, que no tienen nada que ver con la causa”; excluir de la investigación “todo aquello que no tenga la más mínima relación con ella, sea totalmente inútil para la misma o carezca del más mínimo sentido común para la causa”.

García de Dios habla de un “quebrantamiento de reglas elementales de secreto y de aceptación del derecho a la intimidad en el sentido más duro del término”. Y es aquí donde entra la presunción de inocencia: “Se están quebrantando las reglas del derecho al justo proceso, a una instrucción justa, a un proceso justo. No se respetan las leyes fundamentales y puede contribuir a la deslegitimación social de una persona”. Seguramente, con esto último sea con lo que hay que quedarse.