El Tribunal de Justicia de lo Contencioso-Administrativo de Castilla y León, en una sentencia fechada el pasado 14 de junio, ha anulado la Ordenanza fiscal reguladora del ciclo integral del agua que factura Aquavall, la Entidad Pública Empresarial que gestiona este servicio. Tendrá, además, que pagar las costas del pleito. La Ordenanza se venía aplicando desde el 1 de julio de 2017 tras la remunicipalización del servicio de aguas por parte del Ayuntamiento.
El TSJ en su sentencia afirma que la Ordenanza es contraria al ordenamiento jurídico al establecer irregularmente el devengo y el periodo impositivo, lo que provoca que la “inadmisible omisión/indefinición” de estas cuestiones provocaría el riesgo de que pudiesen ser modificadas en cualquier momento del año, cuestión que no podía suceder con la anterior Ordenanza vigente antes de la remunicipalización
Aunque el Ayuntamiento de Valladolid aprobó una nueva Ordenanza fiscal para 2018, la misma sigue conteniendo las mismas irregularidades que se mencionan en la sentencia del TSJ.
Cabe recordar que uno de los argumentos por los cuales el Consistorio fundamentó la municipalización, descartando con ellos otras fórmulas de colaboración público-privada, fue que el servicio únicamente se podría gestionar directamente, sobre la premisa de que la tarifa del servicio debía ser una tasa, que únicamente podía ser recaudada por una Entidad Pública Empresarial, Aquavall; tasa ahora anulada por esta sentencia.
Con esta sentencia los abonados tendrán derecho a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas conforme a esta Ordenanza anulada por el TSJ o posibles reclamaciones futuras en las siguientes liquidaciones o facturas de la tasa giradas por Aquavall, tras la nulidad de la Ordenanza decretada por el TSJ, lo que indudablemente repercutiría en las arcas municipales
