El Partido Popular (PP) debe decidir si los jueces y juezas son intocables o si, por el contrario, se puede criticar sus sentencias, llegando a señarles descaradamente. Una disyuntiva aplicable a las asociaciones judiciales y al poder que rige a los magistrados, en el foco por las diferentes reacciones en función de la procedencia del agravio. No es una obligación, ni mucho menos, pero lo contrario sería una muestra de incoherencia e hipocresía de gran envergadura que, en Génova, está aflorando con la llegada de los juicios que afectan a cuadros conservadores.
La última víctima ha sido la magistrada instructora del juzgado 19 de Madrid, Carmen Rodríguez-Mede, que ha sentado en el banquillo al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, por fraude fiscal, falsificación documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. El encargado de disparar contra la jueza ha sido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso y persona cercana al investigado, por el que llegó a amenazar gravemente a periodistas y medios de comunicación.
“Es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido”. Así se ha referido la mano derecha de Ayuso a la jueza que ha abierto juicio oral a la pareja de su jefa, relacionándola con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que añadía que es “todo corrupto”. “Cuidado con Sánchez”, ha añadido el condenado por injurias, “hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca”, ha zanjado MAR.
La información que desliza intentando hacer creer una especie de prevaricación, de la que una vez más se ha hecho eco un medio afín, una vez más es capciosa. La magistrada que ha abierto el juicio oral es actualmente la sustituta del juzgado, dado que la titular se jubiló hace escasos meses, y desarrolla su labores con normalidad, como sucede en decenas de juicios y juzgados, a la espera de que se designe a un nuevo titular que cogerá la riendas de la investigación.
Una situación normal en el ámbito judicial, pero con la que el jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid quiere tapar la realidad: el novio de Ayuso se sentará en el banquillo con un informe contundente de Agencia Tributaria en contra, enfrentando varios delitos que su abogado ya reconoció que había cometido y con varios años de prisión en el aire. El ático y otros ámbitos compartidos con la baronesa del PP mantienen en alerta a Miguel Ángel Rodríguez, experto en desviar el foco con una barbaridad aún mayor a las pronunciadas por la experta en Sarajevo.
Un proceder habitual: campaña contra la jueza de la Dana
Este ataque a la Justicia no es nuevo para Génova ni exclusivo de MAR. Lo sabe bien la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, quien investiga la gestión de la Dana que dejó 228 víctimas mortales y un gran reguero de destrucción en Valencia, el pasado 29 de octubre. Por el momento, ningún cargo de la Generalitat ha asumido responsabilidades, pero la magistrada ya ha sido víctima de lo que considera, en sus propias palabras, “una campaña difamatoria” que busca apartarla de la investigación que cada vez cerca más a Carlos Mazón y a parte de su Ejecutivo.
“Es el enésimo capítulo de una estrategia de defensa que, de forma burda, pretende apartar a esta jueza del procedimiento […] Apuntan informaciones que no son más que una campaña difamatoria, que destila un machismo atroz”, expuso la jueza Ruiz Tobarra en un auto que se vio obligada a emitir, después de los señalamientos de las defensa de Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, exdirector de Emergencias. “Sucesivas informaciones periodísticas me han denigrado como jueza y como mujer”, cargó contra el bulo que llegó a involucrar a su propia familia para deslegitimarla.
En esta ocasión, también fue un medio afín a los de Alberto Núñez Feijóo el que prendió la mecha y propició que todo ardiese. El caso llego a tal punto que, una de las defensas, intentó grabar ilegalmente a la hija y el marido de la jueza. “Algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante”, denunció Ruiz Tobarra. Ataques descarnados que recuerdan a tiempos de la Gürtel, cuando, después de “controlar “controlar la sala segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás” durante años, al PP dejaron de gustarle los jueces.