Discrepancias en el CGPJ por la carga de trabajo de los jueces propician la dimisión del encargado de la Carrera y Salud judicial

Las volátiles mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han generado un nuevo enfrentamiento en el órgano rector de los jueces. Los conservadores han conseguido sacar adelante un acuerdo referido a las cargas de trabajo de los togados, gracias al apoyo de la presidenta progresista Isabel Perelló y de Carlos Hugo Preciado, vocal impulsado por Sumar. El resto de vocales progresistas se han opuesto frontalmente, emitiendo diferentes votos particulares, y la situación ha llevado a Ricardo Bodas, progresista que presidía las comisiones de Carrera y Salud Judicial, a dimitir de sus responsabilidades.

Bodas ha trasladado su decisión a la presidenta del CGPJ en una carta en la que hace constar la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados", en tanto que "no sería razonable" que dirigiera esas áreas cuando discrepa "radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas". El magistrado considera que la decisión tomada por la mayoría de sus compañeros es "un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno en materia de salud judicial".

El que fuera encargado de la materia considera que ostentaba "un deber de seguridad para con los jueces y magistrados, que solo sería asumible" si el órgano de gobierno de los jueces mantuviera con ellos "una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto". "Son los propios jueces y magistrados, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer", añade Bodas, insatisfecho con la decisión tomada por el CGPJ al que pertenece.

Es más, apunta a que el acuerdo "desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos, quienes han ejecutado ejemplar y objetivamente el mandato encomendado por el propio Pleno y lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico". No obstante, acata la decisión a regañadientes, pero da un paso atrás al no sentirse fundamentado a seguir presidiendo las comisiones de Carrera y Salud con una hoja de ruta en la que no cree.

"Finalmente, se ha dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable", denuncia. Además, destaca este proceder tampoco permitirá cumplir adecuadamente la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023, que condenó al órgano de gobierno de los jueces a regular las cargas de trabajo.

“El CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial", lo que, en su opinión, demuestra que "no es el empleador de los titulares del poder judicial". "Serán los jueces y magistrados quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo. Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados", critica.

"Consiguientemente, me veo en la obligación de dimitir irrevocablemente de los cargos mencionados, puesto que no sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas", cierra la carta remitida a Perelló, no sin antes agradecer al Pleno del CGPJ por la confianza, así como a sus compañeros, que le "han acompañado en esa andadura en los últimos dos años".