La Audiencia Nacional no estaría conforme con el nuevo informe que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le ha enviado sobre la entrada migratoria masiva a Ceuta a finales de julio. Así se desprende de la información publicada este lunes por varios medios de comunicación, como por ejemplo un artículo de El Confidencial en el que participan fuentes jurídicas que califican de “muy decepcionante” la información obtenida, siempre según el periódico mencionado.
Concretamente, desde el organismo jurídico sostienen que las pruebas incorporadas últimamente mantenían las mismas zonas “tachadas” que los documentos que Moncloa difundió en el mes de septiembre, aunque en un principio la documentación aportada por el CNI se iba a incorporar a una pieza separada secreta de la investigación sobre la situación de los días 30 y 31 de julio ante la posibilidad de que las preguntas formuladas por María Tardón, quien instruye el caso, se hubieran respondido incluyendo información especialmente sensible.
Sin embargo, finalmente se descartó mantener el informe bajo en secreto, con lo que en la Audiencia Nacional consideran que no está justificada la forma en la que ha llegado la información. Por el contrario, creen que las partes deberían conocer el contenido de la respuesta de los servicios de inteligencia.
En un primer momento, el CNI redactó una respuesta inicial para la jueza que contenía conversaciones, comunicaciones inéditas, testimonios de colaboradores de la institución y material procedente de informes tanto previos como posteriores a la crisis. Pero en dicho informe, el llegado a la Audiencia Nacional, se habría eliminado la información considerada clasificada, habiendo llegado a la Justicia uno que no contiene elementos que podrían ser importantes en el devenir de la investigación.
No aportaría nada nuevo
En vez de aportar algo novedoso, el nuevo informe reiteraría las conclusiones que ya eran conocidas hace semanas en los documentos desclasificados por el Gobierno. Atendiendo a esa información, los grupos se habrían organizado a través de redes sociales para llegar a la ciudad autónoma. El CNI identificó dos grupos de Facebook de alrededor 180.000 seguidores entre ambos, así como otros restringidos de Whatsapp que sirvieron para emplificar y coordinar la convocatoria de desplazamiento de Marruecos a España.
El Centro Nacional de Inteligencia habría informado ese día a la Delegación del Gobierno en Ceuta y de la Guardia Civil, y trasladado una alerta urgente a los servicios de inteligencia marroquíes. Esto, que ya se sabía, es lo que se habría elevado a la Audiencia Nacional, no así otros datos que, quizás, podrían arrojar más luz sobre hasta qué punto conocían las autoridades del país vecino más cuestiones acerca de la entrada de personas migrantes o la identidad de quienes sabían del hecho.
La documentación remitida por el CNI, de ser la misma o similar a la desclasificada hace no mucho tiempo, constataría que el despliegue de las fuerzas de seguridad marroquíes fue muy limitado en un principio y que sus unidades mantuvieron una actitud poco activa durante las primeras horas, debido principalmente o, a menos, en buena medida, a que éstas estaban ocupándose de la seguridad en otros actos de esos días.
El informe también alude a contactos entre los servicios de inteligencia y la Delegación de Gobierno en Ceuta semanas antes. Según éstos, el jefe de Gabinete del representante de Moncloa en la ciudad autónoma habría expresado a principios de mes su preocupación ante un posible efecto llamada y pidió al CNI una valoración sobre las consecuencias que la sentencia previa del Tribunal Supremo podía tener en este sentido.
Ya en la noche del 29 de julio, el jefe de Gabinete de la Delegación comunicó al delegado del servicio de inteligencia en suelo ceutí que se había llegado a un acuerdo con Marruecos con el objetivo de devolver a las personas que estaban entrando en Ceuta.
La instructora solicitó el pasado 11 de septiembre información al CNI sobre los datos de los que disponía de la entradas masiva de personas migrantes de finales de julio. El informe, de 22 folios, llegó al órgano judicial el pasado miércoles y se traducen en una “repetición de lo ya conocido”, según fuentes de otros periódicos como El Español.
En otro orden de cosas, la semana pasada se supo también que la ministra de Defensa, Margarita Robles, irá de número dos en la lista que encabeza Pedro Sánchez para las elecciones del 29 de noviembre.
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