El curso judicial arranca con la renovación del Supremo y el Constitucional bloqueada

El momento de confrontación política ha vuelto a extenderse a la Justicia. El Partido Popular (PP) ha decidido bloquear la renovación de hasta cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han finalizado mandato, cuya designación corresponde al Senado, dominado con mayoría absoluta por los de Alberto Núñez Feijóo. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de dirección de los jueces, está siendo incapaz de cubrir las vacantes generadas por la jubilación de hasta cinco jueces que se desempeñaban en Salas clave.

Andrés Palomo, Ángel Hurtado, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Miguel Colmenero y Juan Ramón Berdugo, este último se jubila al finalizar esta semana, han abandonado sus responsabilidades en el Supremo y dejan varios sillones vacíos en la Sala de lo Penal, que en los últimos tiempos se ha encargado de juicios como el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el caso Koldo, y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, incluyendo su presidencia. A estos se suma el bloqueo de la renovación de hasta cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Los dos principales tribunales atraviesan una vez más una situación cada vez menos extraordinaria. El PP, responsable de la que afecta al Constitucional, es experto en la materia y se espera que la dilatación de los tiempos pueda alargarse hasta incluso las próximas elecciones generales. En lo que se refiere al Supremo, el CGPJ de Isabel Perelló ya vivió una situación similar hace un año, cuando después de nueve meses de bloqueo el bloque progresista transigió, retiró sus candidaturas y dejó el camino despejado para los candidatos conservadores.

Vacantes del CGPJ

El órgano de dirección de los jueces recupera en septiembre las negociaciones y la realización de entrevistas a los candidatos para cubrir las vacantes del Supremo. El puesto que más discrepancias genera es la presidencia de la Sala Tercera, que hasta ahora ocupaba el conservador Lucas. Los progresistas pretenden colocar uno de sus perfiles para compensar el dominio de los conservadores en la Sala Segunda, que suma cuatro vacantes, pero no se espera que el proceso encuentre el consenso rápido.

Eduardo Calvo, Ángeles Huet, Esperanza Córdoba y Pilar Teso, quien ya lo intentó en el último proceso de renovación, son algunos de los nombres que más resuenan en estos días para coger el testigo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En la de lo Penal, Enrique López, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, Silvina Bacigalupo, cuñada de la exvicepresidenta Teresa Ribera, José Ricardo de Prada y Eloy Velasco destacan entre los más de cuarenta candidatos.

Bloqueo del Constitucional

Simultáneamente, el PP se niega a renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han finalizado mandato y cuyo relevo corresponde decidir al Senado. El tiempo de demora en el órgano garante de la Carta Magna alcanza supera los ocho meses y todo apunta a que los de Feijóo no piensa cambiar su postura hasta, por lo menos, que se produzcan las elecciones generales, que podrían no celebrarse hasta el verano de 2027.

Génova 13 espera salir más reforzado de los próximos comicios y acometer, tras su celebración, una renovación más completa y beneficiosa, al contar con mejores números; no obstante, la versión oficial es la celebración de las diferentes citas con las urnas autonómicas. Los parlamentos regionales, encargados de proponer a la Cámara Alta los nombres para los nuevos nombramientos, ya están constituidos, después del carrusel de Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía.

La última excusa, aunque pueda no parecer creíble, es la celebración de la Virgen de la Bien Aparecida, celebración que el Parlamento cántabro y el Senado han presentado como justificación para dilatar los tiempos hasta más allá de septiembre. A la par, las principales cabezas del PP atacan al Constitucional y aseguran que está secuestrado por el Gobierno. El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado 17 de diciembre y destaca que entre ellos está el actual presidente, Candido Conde-Pumpido.

La elección de los jueces que corresponde a las Cortes Generales requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que busca fomentar el entendimiento entre las principales fuerzas, algo que en los últimos tiempos está brillando por su ausencia. Tres quintos son 159 senadores y el PP cuenta con 143 sillones, lo que obligaría a los conservadores a negociar con otras formaciones, sin contar con Vox como muleta para saciar sus ansias de derechizar aún más la Justicia, principal razón que puede estar detrás de la demora.